BILBAO - Unos 2.000 agentes forman parte del dispositivo policial que se ha trasladado desde el Estado español hasta Catalunya de manera indefinida para participar en el operativo que, liderado por los Mossos d’Esquadra, deberá garantizar el orden público durante las movilizaciones de protestas que se celebren en cuanto se haga pública la sentencia. Más allá de interferencias políticas y de la polémica suscitada tras el discurso del general jefe de la Guardia Civil en territorio catalán, Pedro Garrido, los mandos de los diferentes cuerpos de seguridad han mantenido diversas reuniones y contactos para diseñar las vías de actuación. Al frente de esta coordinación se encuentran el comisario jefe de la Policía catalana, Eduard Sallent; los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel Jiménez, y de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; y los responsables de ambos cuerpos estatales en Catalunya, José Antonio Togores y el mencionado Garrido, que ofendió a los Mossos en un acto de la Guardia Civil con un discurso donde hizo alusiones veladas al major Trapero y con un contenido político antisoberanista. El conseller de Interior, Miquel Buch, precisó que el nivel de coordinación entre los Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado es “correcto” pese a las diferencias políticas.

Cada cuerpo realizará su cometido en función de las competencias que tiene en Catalunya, de tal manera que “en primera línea” estarán los Mossos, que podrán recabar el apoyo de las unidades de intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil si así lo estiman oportuno. Y para ello, podrán contar con los 28 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía, con una media de 44 agentes cada una, es decir, alrededor de 1.200, y con los 900 guardias civiles de diferentes unidades también dispuestos para colaborar en materia de seguridad ciudadana.

El Govern, el Parlament, partidos soberanistas y entidades sociales preparan la respuesta a la sentencia, que se abordará a dos niveles: la movilización ciudadana y la réplica política a nivel institucional y de los partidos. El segundo nivel genera más interrogantes, ya que los dirigentes independentistas no han concretado sus intenciones: todos coinciden en una respuesta transversal, consensuada y con todos los sectores soberanistas, incluidos los comunes, y han reconocido que negocian hace meses un acuerdo, sin trascender su contenido.

acciones a pie de calle La ANC y Òmnium Cultural ya han anunciado las Marchas por la Libertad: cinco marchas de unos 100 kilómetros hacia Barcelona desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona), y que durarán el miércoles, jueves y viernes posteriores a la sentencia. La ANC ha llamado a movilizarse cuando se publique la sentencia, ya sea saliendo a la calle, haciendo ruido o parando el coche y haciendo sonar la bocina: “Estés donde estés, cuando salga la sentencia detente y hazte oír”, dice mediante un vídeo en redes sociales. Una de las acciones que está clara es la huelga general que han convocado para el viernes 18 de octubre los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). En septiembre se anunció en redes el Tsunami Democràtic, iniciativa que se define como plataforma de la sociedad civil, y a la que todos los partidos independentistas dieron su aval, aunque se ignora aún su plan. Los CDR realizarán acciones “sorpresa” de desobediencia civil no violenta.