maniobras de sindicatos policiales y Guardia Civil

El Gobierno vasco no ve en riesgo la ley de abusos pese al recurso del SUP

El Supremo admite a trámite el recurso del sindicato, pero la comisión que critica no la suspendió el TC

09.02.2020 | 04:05
Sindicatos policiales, en una anterior protesta ante el Tribunal Superior de Justicia vasco.

El Supremo admite a trámite el recurso del sindicato, pero la comisión que critica no la suspendió el TC

Bilbao - El Gobierno vasco entiende que la reparación de las víctimas que han sufrido abusos policiales entre 1978 y 1999 no está en riesgo a pesar de las maniobras de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil que están tratando de reactivar el conflicto judicial. En las últimas horas, el sindicato de la Policía española SUP ha hecho público que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso y clarificará si está legitimado para impugnar la comisión de expertos que tiene que analizar los testimonios de las víctimas. Pero no ha tomado por sorpresa al Gobierno vasco ni altera sus planes, porque el SUP ya había anunciado su intención de recurrir tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y el recorrido que pueda tener este litigio es muy incierto y parece corto. Como ya adelantó este periódico, el Gobierno vasco, que no muestra inquietud, sigue adelante y abrirá el plazo para recibir solicitudes en junio, y en julio aprobará en Consejo de Gobierno el decreto que desarrolle la ley para ir respondiendo esas solicitudes.

El SUP ya vio desactivada su ofensiva en el Tribunal Superior vasco, donde había tratado de impugnar la comisión de expertos. Se topó con el rechazo del tribunal, que consideró que el SUP no está legitimado para litigar porque el asunto no incide directamente en su esfera de intereses y dejó ver que el recurso no estaba demasiado bien planteado porque cargaba contra un mero acto informativo de creación de la comisión que no producía indefensión. El SUP recurrió al Supremo, que ha admitido a trámite el recurso, un hecho que no prejuzga el resultado final.

Será el Supremo quien decida si el SUP está legitimado para litigar contra la comisión pero, aun en el supuesto caso de que le diera la razón, no se augura demasiado recorrido práctico a esta denuncia. La comisión de expertos, entre los que se encuentra el forense Paco Etxeberria, no fue suspendida en ningún momento cuando el Tribunal Constitucional congeló algunos artículos de la ley de manera cautelar a petición del expresidente Rajoy. Por lo tanto, el Gobierno vasco entiende que el secretario de Convivencia, Jonan Fernández, estaba legitimado para activarla. Además, se da la circunstancia de que cualquier conflicto judicial ha perdido su vigencia. El Parlamento Vasco ha aprobado este año una modificación de la ley de 2016 para reforzar su seguridad jurídica con matices acordados con el Gobierno de Sánchez a cambio de retirar el recurso de Rajoy en el Constitucional. La nueva ley deja claro que se pretende activar un proceso de reparación administrativa centrado en reconocer a las víctimas y su dolor, y no en buscar culpables o esclarecer hechos emulando un proceso penal.

Solo el Gobierno español puede desencadenar la suspensión automática y cautelar de la ley con un recurso al Constitucional. En el resto de casos, para cuando llegara una sentencia, el proceso de reparación estaría completado. En una nota, el SUP aplaude la admisión en el Supremo y carga contra el "falso relato elaborado e impulsado por nacionalistas e independentistas tratando de equiparar a los etarras y su entorno con las víctimas del terrorismo".