BILBAO - Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que coordinó el operativo policial del 1-O, fue el protagonista ayer del enfrentamiento entre el juez Manuel Marchena y el abogado de la defensa Jordi Pina a cuenta de si hubo o no cargas en la jornada del referéndum. El testigo negó que se produjera esta actuación, a lo que el letrado le inquirió con deducir testimonio contra él por mentir, y ahí el magistrado recriminó a Pina por una actitud “impropia de su trayectoria jurídica” como la de amenazar al declarante con una investigación porque “no le gusta su respuesta”. El abogado retomó sus preguntas insistiendo en que los agentes golpearon con sus porras a votantes en la cabeza, y el coronel dijo que no le consta, porque “ninguno de los informes” le “llegaron con el detalle de la operación”, además de desconocer si se habían usado gases pimienta o lacrimógenos en algún centro.

Ahondó en el comportamiento de las personas concentradas en los colegios al decir que “la resistencia pasiva se produjo en algunos casos antes de llegar la Policía y en el momento de llegar la fuerza se convirtió en activa”. “Se cumplió el mandato judicial siempre y cuando lo que hubo el 1-O no fue un referéndum”, respondió a Francesc Homs, en nombre del exconseller Josep Rull. “Yo no”, zanjó cuando se le interpeló sobre si se barajó llamar al Ejército. El coronel precisó que para él “en un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin cumplimiento de la ley”. “Ya hemos tenido un debate sobre lo que es carga y no vamos a tener otro sobre lo que es manifestación”, intervino otra vez Marchena en el turno del abogado Alex Solà, en nombre de Jordi Cuixart, cuando se disponía a leer el artículo donde se regula este derecho.

Por su parte, la secretaria judicial Monserrat del Toro, declaró cómo durante la jornada del 20-S en la conselleria de Economía pasó de la “preocupación” al miedo” y que, de hecho, llegó a plantear que se enviara un helicóptero para sacar a la comitiva judicial compuesta por ella y agentes de la Guardia Civil encargados del registro. “Comprobé que lo de pedir un helicóptero no era viable porque estaba lleno de antenas”, matizó. A preguntas de las defensas, insistió en el hecho de porqué en ninguna declaración anterior había contado su petición: “Porque los agentes cuando lo dije se rieron. La defensa de Oriol Junqueras le preguntó por un perfil de Facebook donde ella sigue a “lleitadans que no volen la indepencia” y Unidad Nacional Española. La testigo aseveró que no sabía si era así, pero sí tenía un perfil de Facebook del que no sabía cómo darse de baja. Tras ser advertido por Marchena de que no se podía preguntar por sus convicciones ideológicas, se le cuestionó sobre si había criticado a ERC. Ella dijo que no lo recordaba. Cuatro días después de los registros, su salud “quebró”.

Respecto al relato de los hechos, contó que “vi al otro lado del cristal a un joven con una bandera mirando a un agente que estaba dentro. Me parece que le escupe”. Su testimonio perjudicaría a la mando de los Mossos Teresa Laplana, procesada en la Audiencia Nacional por un delito de sedición por negarse a realizar un cordón de seguridad en el edificio para proporcionar seguridad a la comitiva judicial. A juicio de Del Toro, las condiciones “impuestas” por el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, para que accediera por un pasillo de civiles “no eran asumibles”. La letrada de la Administración de Justicia explicó que incluso “era imposible pedir comida al exterior” y hacia las 4.30 horas, cuando hacían el registro del despacho de Josep Jové, “apareció un guardia civil con bocadillos a repartir” entre los que estaban, porque según le dijo “una mossa se había apiadado” de ellos.