"¿Por qué en periodismo puede valer todo y no hay ningún organismo que diga que algo no se puede consentir?"

Bilbao - Paco Lobatón (Jerez, 1951) fichó hace un año por Crimen + Investigación para presentar los programas y series de este canal temático, en el que desde el 20 de marzo está al frente de Informe Lobatón.

Usted critica el tratamiento televisivo de los sucesos. En concreto, ¿qué le parece mal?

-Siendo un asunto extremadamente sensible, se trata como un material de arrastre en el sentido de que se emite en estado natural. Tal como se encuentra se lleva a la pantalla sin pasar por el proceso necesario y de obligado cumplimiento en cualquier actividad periodística, que es verificar los hechos, contrastar las opiniones, etc. Así lo podría transmitir cualquier ciudadano desde su móvil o su red social.

¿Qué habría que hacer?

-La función periodística consiste en hacer un tratamiento muy cuidadoso de los datos y transmitirlos a los ciudadanos con ese trabajo inter- medio. Si no, no merece el nombre de trabajo periodístico. Por otro lado, yo creo que muchos colegas que se ven abocados a hacer esa tarea no tienen la vocación de hacerlo mal, sino que viven en la vorágine y la presión de medios que les piden ese tipo de contenidos a toda prisa y sin más requerimientos. ¿Por qué? Subimos otro escalón: porque detrás de los que formulan esas peticiones hay unos operadores -normalmente privados, aunque lamentablemente también entran en la misma dinámica algunas televisiones de titularidad pública- que están protagonizando una carrera pero no por informar mejor, sino por informar antes y más minutos que la competencia.

¿Eso tiene repercusiones?

-Lleva a un dislate porque se introducen elementos de confusión. ¿Por qué me preocupa? Primero porque creo que nuestra función periodística o se hace con los requisitos debidos o no es un ejercicio responsable. Pero también, y sobre todo, me preocupa por las víctimas porque al final las que salen perdiendo en esta carrera desenfrenada son las víctimas de los sucesos y de forma indirecta los ciudadanos como destinatarios de la información. La audiencia no recibe elementos para formarse una opinión seria y dotarse de elementos válidos frente a esos sucesos muchas veces alarmantes, sino todo lo contrario.

¿La línea roja es no estorbar o retrasar el trabajo policial?

-Para mí, la primera línea roja está en relación con las víctimas. No añadir dolor al dolor. Después hay que dotar de cierto valor a la información y eso se produce si tenemos la seguridad de que lo que contamos se corresponde con la verdad. Naturalmente, se requiere que a los periodistas se les dé el tiempo necesario para hacer ese trabajo y no se les someta a una cuenta atrás terrorífica. En cuanto a la Policía, vuelvo al concepto de responsabilidad. El periodista no puede pretender tener mejores claves que los policías. Al mismo tiempo también es cierto que en un determinado momento el trabajo periodístico puede ser un acicate, tener un valor estimulante de primer orden y puede remover causas que están dormidas o desvelar comportamientos de determinados grupos policiales que no lo están haciendo bien. Como ocurre frente al resto de poderes públicos, la función periodística es la de vigilar que las cosas se hagan bien y al servicio de la sociedad.

¿No se puede frenar de alguna manera la costumbre de saltarse el secreto del sumario?

-Ahora que se invoca el consenso para otros temas, debería haber uno muy claro en ese sentido porque no es beneficioso y porque esa carrera desenfrenada por la primicia lleva a veces a que el público se entere antes que los afectados, que lo hacen a través de un medio de comunicación. Ahí estamos cruzando alguna de esas líneas rojas porque pueden sentir un dolor añadido por llegarles la información de esa manera y no por la vía que les debe llegar.

De la cobertura de los últimos casos famosos, ¿alguna le ha avergonzado especialmente? ¿Cree que la excesiva presión periodística ha frustrado su resolución?

-Ha habido un tratamiento saturador en dos casos muy recientes, el de Marta del Castillo y el de los niños de Córdoba, aunque creo que afortunadamente no ha influido sobre el resultado final de las investigaciones. No ha habido consecuencias, pero ha podido haberlas.

Más reciente es el llamado 'caso de la niña china', que registra continuas filtraciones que probablemente interesen a alguien, ¿no?

-Efectivamente es así y además en algunos casos ha sido muy explícita la utilización por parte de personas implicadas en el suceso, concretamente por la señora Porto en una carta dirigida a una televisión a la que luego recriminó porque seguramente no respondió a las expectativas que tenía al enviarla. Yo no voy a simplificar con lo del juicio paralelo, pero no es un ejercicio de información inocente. ¿Entonces qué es? Un ejercicio de información sesgada y que responde a intereses que no conocemos bien.

¿Cuándo se inició esta deriva?

-No sé si hay un Día D, yo creo que ha sido una dinámica contagiosa donde sobre todo no ha habido nadie que diga: "Así no se hace". Echo de menos que se levanten voces, sobre todo voces corporativas. ¿Por qué en el periodismo puede valer todo y no hay ningún organismo que diga que algo no se puede consentir? En el caso de las televisiones también echo de menos que haya elementos que garanticen de una manera democrática que no se cometan abusos. Todo eso que está en los códigos éticos pero que luego en la práctica es vulnerado de una manera impune. A mí esa impunidad me parece que no es democracia. Cuando se invoca la necesidad de Consejos Audiovisuales que vigilen determinados contenidos, siempre hay quien inmediatamente piensa que se está reclamando censura. No es eso. Es un control democrático para garantizar que un material sensible no tenga un efecto lesivo.

¿Es partidario de crear un Consejo de Medios Audiovisuales, como en los países de nuestro entorno?

-Claro, pero aquí fue abortado. Recientemente el ministro Montoro ha invitado no solo a que no se ponga en pie este Consejo, sino a derogar la propia Ley Audiovisual. Francia tiene desde hace décadas lo que denomina Consejo Superior de lo Audiovisual, que tiene incluso la potestad de retirar las licencias de las operadoras privadas e impone multas formidables cuando hay transgresiones. ¿Hay algún país más democrático que Francia? Aquí, en vez de la libertad de expresión lo que se ha puesto en marcha es un principio ultraliberal de libertad de mercado por encima de cualquier otra consideración. Esto se traduce en un ejercicio mercantil para conseguir el máximo beneficio por el camino más corto y eso es lo que ocurre con determinados programas que no reciben ningún tipo de advertencia desde una tribuna profesional.

¿Tendría que intervenir alguien?

-Desde el punto de vista democrático sería no solo lógico, sino absolutamente necesario, que alguien dijera si las cadenas están haciendo buen uso de la licencia que se les ha dado para entrar cada día y a cualquier hora en todos los hogares del país. La mayoría de los espectadores sigue consumiendo lo que les proponen las televisiones generalistas, las cadenas en abierto; no se le puede pedir a la gente en mitad de la crisis que contrate plataformas de pago y elija las propuestas de mayor calidad.

Hace años hubo una reunión de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega con Uteca?

-Fue todo apariencia. Las responsabilidades no son solo de este Gobierno, arrancan del anterior. Entonces se puso en marcha el llamado Comité de Autorregulación de las cadenas, que es la única instancia en la que se ven las quejas de los espectadores o de sus diferentes asociaciones cuando hay transgresiones flagrantes. Es lo único que existe, y por tanto actúa como juez y parte y lo que hace es ponerse multas absolutamente irrelevantes y que han sido ampliamente amortizadas.

¿Por qué no interviene el poder legislativo?

-Más que hacer conjeturas, podemos constatar que hay una inhibición política que no tiene excusa. Y no lo entiendo, sobre todo en el caso del PSOE porque promovió una Ley Audiovisual que contemplaba eso. ¿Por qué se inhibe ahora ante el comportamiento del Gobierno? ¿Por qué no lo convierte en un tema recurrente: interpelaciones en Congreso y Senado, en todas las instancias posibles, a través de los medios de comunicación disponibles?

Antes se decía despectivamente de algunos medios que parecían 'El Caso' pero ahora la gente absorbe los sucesos como una esponja...

-Esto tiene que ver con la forma en que se consume televisión y con un debate de fondo sobre de quién es la responsabilidad de ese consumo. Muchas veces se culpa a los propios espectadores, que pueden cambiar a otros canales. Yo siempre he mantenido una batalla contra estas simplificaciones. Para mí, la calidad de la respuesta del público depende de la calidad de la propuesta que hacen las televisiones. La responsabilidad está en el área de los que tienen la capacidad para programar y producir contenidos.

¿Se puede utilizar una foto de una víctima sacada de Facebook para ilustrar un asesinato o un accidente?

-Sin tener permiso de su familia, yo no la usaría; no me parece legítimo. Este asunto es interesante porque es un problema nuevo. Una imagen de las redes sociales es pública, pero es privada en cierto sentido. La intención de quien la subió era compartirla con sus amigos, pero no que se difundiera más allá de ese círculo. Eso ya no es un tema de código deontológico, sino de sensibilidad básica y buen gusto.

¿Se debe o no se debe mencionar la nacionalidad de los delincuentes?

-Debemos preguntarnos si es imprescindible ese dato para entender la noticia o si contribuye a reforzar un estereotipo que tiene consecuencias negativas para las personas de un colectivo.