La Comisión Europea ha anunciado este jueves que abre expediente de infracción a España por no poner en marcha las medidas necesarias para trasponer la Directiva comunitaria sobre el cargador único.

Los Estados miembros tenían hasta el 28 de diciembre para notificar al Ejecutivo comunitario las medidas para transponer la norma, un plazo que el Estado no cumplió. En la misma situación se encuentran Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Países Bajos, Polonia y Finlandia.

Con el envío de una carta de emplazamiento, Bruselas abre así un expediente sancionador contra el Estado miembro y le da un primer plazo de dos meses para que ponga solución a las deficiencias detectadas.

A falta de respuesta satisfactoria en ese plazo por parte de las autoridades españolas, los servicios comunitarios podrán enviar un dictamen motivado, segunda etapa del procedimiento que da un nuevo plazo de dos meses para resolver la situación antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La Directiva armoniza los elementos de carga de los dispositivos electrónicos comercializados en la UE, garantizando la interoperabilidad e  introduciendo USB-C como puerto de carga común. También garantiza que la venta de cargadores se disocie de la venta de dispositivos electrónicos y que los consumidores estén informados sobre el rendimiento de la carga.