La Comisión Europea (CE) recomendó este miércoles al Gobierno español que limite el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros.
El informe del Ejecutivo comunitario anticipa ya que el Estado cumplirá con esta recomendación puesto que calcula que el aumento del gasto primario será del 1,4% el año que viene, según sus previsiones macroeconómicas de Primavera, publicadas a principios de este mes.
"Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7 % del PIB para 2024", señala el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de política fiscal de cara a la elaboración del presupuesto del año próximo.
Desequilibros: paro y deuda
La Comisión Europea apuntó este miércoles al elevado desempleo y a la deuda, tanto pública como privada, como los principales desequilibrios de la economía española, aunque señaló también que estos indicadores están mejorando y podría cerrar el expediente si continúa con esta tendencia.
En su informe de primavera sobre el Semestre Económico, Bruselas subraya que, aunque los niveles de deuda privada y externa son "todavía elevados", han descendido de forma continua durante la última década y, tras una "interrupción temporal" en 2022, retomaron el año siguiente con una senda a la baja que continuará "favorecida por el crecimiento económico".
Con respecto al desempleo, la Comisión Europea valora que se esté "de nuevo" reduciendo, pero también subraya que "sigue siendo alto" y contiene focos de vulnerabilidad, en especial con el paro de muy larga duración y el desempleo juvenil.
Los "riesgos potenciales" de la economía española, remarca el informe, están vinculadas al impacto de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y el encarecimiento de los préstamos e hipotecas para hogares y empresas.
Gasto público
Para asegurar la mejora económica, añade la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado estatalmente -sin tener en cuenta el pago de intereses, prestaciones por desempleo, fondos europeos y medidas discrecionales de ingresos- "no debería exceder el 2,6 %" en 2024.
El Ejecutivo comunitario recuerda que el Programa de Estabilidad que le remitió el Gobierno español en abril prevé que en 2024 el déficit público se reduzca al 3% del PIB, "en línea" con sus propias proyecciones, que lo sitúan en el 3,3%, y la deuda pública baje al 109,1%, la misma cota que prevé Bruselas.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea sugiere al Estado que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la "absorción" de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE.
De hecho, insta al Gobierno español a "mantener el impulso" para una "rápida" ejecución del plan español de recuperación y también a presentar pronto la actualización del mismo para tener acceso a otros 10.000 millones en ayudas directas y a los 84.000 millones de euros en créditos que el país tiene asignados.
El ministerio de Asuntos Económicos celebró que la Comisión Europea "confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024" y consideró que "la responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años".
Retirada de medidas energéticas
Dentro de este capítulo de recomendaciones fiscales, el Ejecutivo comunitario pide al Estado que retire como muy tarde al cierre de 2023 las ayudas desplegadas al calor de la crisis energética, que estima actualmente en un 0,6 % del PIB, empezando por las más universales.
Bruselas se refiere, por ejemplo, a las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas precisamente hasta final de año, y propone a las autoridades españolas que utilicen los "ahorros" derivados para "reducir el déficit público".
El texto añade que, en caso de que los precios energéticos se disparen de nuevo y sean necesarias nuevas medidas, éstas deben estar orientadas a proteger a los hogares y las empresas "vulnerables", así como que deben ser "asumibles" desde el punto de vista fiscal y deben "preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos".
Despliegue de renovables
En esta línea, las recomendaciones también instan al Estado a seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles y a acelerar el despliegue de energías renovables, por ejemplo, simplificando y digitalizando los procedimientos de autorización, mejorando el acceso a las redes e invirtiendo en almacenamiento energético e interconexiones transfronterizas.
De la misma forma, pide a las autoridades españolas que aumenten la disponibilidad de casas eficientes desde el punto de vista energético a través de medidas como la renovación y electrificación de edificios, así como que apoye la formación de trabajadores necesarios para la transición verde.
