El Senado francés ha respaldado el texto de compromiso negociado para sacar adelante la polémica reforma de las pensiones, criticada por oposición política y sindicatos, a la espera de que la Asamblea Nacional se pronuncie también este jueves.
En la Cámara Alta, la reforma ha salido adelante con 193 votos a favor y 114 en contra. Bastaba con que el proyecto obtuviese más síes que noes, al igual que ocurrirá en la Cámara Baja, prueba de fuego real para uno de los proyectos más contestados de la era de Emmanuel Macron.
El miércoles, cientos de miles de personas volvieron a salir de nuevo a las calles de las principales ciudades de Francia --por octava vez-- para cuestionar una reforma que plantea, entre otras cuestiones, elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima.
A la espera de la Asamblea
Los partidos aliados de Macron dependen en la Asamblea Nacional del posicionamiento que adopten Los Republicanos, formación de centro-derecha que ya ha votado en el lado del Gobierno en varias ocasiones durante estos últimos días. La dirigente ultraderechista Marine Le Pen ha denunciado este jueves en BFMTV negociaciones bajo la mesa a cambio de dicho respaldo, equiparables a "corrupción".
El Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, del que ya ha hecho uso en varias ocasiones para acelerar trámites e impedir posibles bloqueos en la Asamblea Nacional. La oposición ya ha avisado de que, si da este paso, avivaría aún más las tensiones políticas y sociales.
De hecho, el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, miembro de La Francia Insumisa (LFI) y una de las voces más afines a los sindicatos, ya ha cargado contra el Senado, "muy conservador y reaccionario", y ha llamado a la Asamblea Nacional a "corregir" lo que considera "una negación de la voluntad popular".
Oposición ciudadana
La reforma de las pensiones a la que se oponen casi un 70 % de los franceses, según un reciente sondeo, afronta este jueves un día crucial, con una posible aprobación en la Asamblea en medio de una alta tensión social.
La sesión de las dos cámaras sucede un día después de la octava jornada de movilizaciones contra la reforma, que atrajo menos manifestantes que en la mayor parte del resto de protestas celebradas este primer trimestre.
Resultado incierto
En caso de votación final en la Asamblea, el Gobierno francés cuenta, en teoría, con la base de los diputados del partido de Macron, sus socios centristas y con el respaldo puntual -y fundamental- de los conservadores, Los Republicanos (LR), con los que los macronistas ya consensuaron el miércoles un texto final en una comisión mixta.
Se opondrán al proyecto los partidos de izquierda -encabezados por la Francia Insumisa (LFI)- y la ultraderecha de Marine Le Pen, además de algunos diputados del LR, lo que puede dejar incierto el resultado dependiendo de cuántos serán los disidentes.
Por eso, el presidente francés no las tiene todas consigo y se reunió en la noche del miércoles en el Elíseo con su primera ministra, Élisabeth Borne, y con los ministros relacionados con la reforma.
El jefe de Estado quiere evitar a toda costa sobresaltos de última hora, garantizando una mayoría en las dos cámaras que permita sacar adelante el plan, que, además del aumento de la edad de jubilación, contempla el adelanto a 2027 de la subida de 42 a 43 años del período de cotización para un pensión integral.
Sin el apoyo del poder legislativo
Macron, cuya popularidad ha caído en picado en el último mes, considera fundamental la reforma para equilibrar el déficit del sistema de pensiones, que, según cálculos del Gobierno, se agranda cada año por la disminución de personas en edad de trabajar y el aumento de pensionistas, atribuido, en parte, al envejecimiento de la población.
En caso de que no pudiese aprobar la reforma en el Parlamento, el Ejecutivo podría recurrir al polémico artículo de la Constitución francesa 49.3, usado para aprobar leyes sin el visto bueno del poder legislativo.
Mientras varias huelgas sectoriales, entre las que destaca la de recogida de basuras en ciudades como París, siguen en pie desde el 7 de marzo, cuando se endureció el movimiento, los sindicatos han convocado una nueva protesta en las inmediaciones de la Asamblea para presionar a los diputados.
Aunque haya una aprobación, los representantes de los trabajadores ya alertaron que seguirán movilizados.
