Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra'
El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles
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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga al expresidente socialista en una causa que analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno español rescató a la compañía aérea durante la pandemia fueron destinados a blanquear fondos.
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En el marco de esta instrucción, el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha llamado a Zapatero a declarar en calidad de imputado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en esta causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea.
El juez Calama asumió la competencia sobre esta causa el pasado 3 de marzo, después de que en 2024 Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, señalase que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y mantiene bajo secreto la causa
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres empresas mercantiles vinculadas a Plus Ultra. Por otro laso, el magistrado también ha levantado el secreto de sumario sobre esta causa, según fuentes próximas a la misma.
Instrucción del caso
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente español es imputado por la justicia. La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumió el caso y prorrogó su instrucción hasta el 28 de mayo.
En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.
El juez deja en libertad al dueño y director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
Tras más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por Anticorrupción.
En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.
Niega las acusaciones
Hace apenas tres meses el expresidente Zapatero negó haber mediado en el préstamo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la aerolínea en 2021. Preguntado sobre una hipotética mediación en ese préstamo zanjó: "No, ninguna. Cero en absoluto".
El préstamo fue aprobado por el Gobierno español, concretamente, el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Zapatero, sí admitió, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez.
El expresidente, realizó estas declaraciones antes de participar en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición', escrito por Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca. "Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho -solo faltaría ¿no?- que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad", sentenció.
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