Alcaldes de grandes ciudades del Estado español llevaban años alertando del problema. Y el Congreso de los Diputados apoyará finalmente este jueves la reforma de la multirreincidencia, que busca endurecer las penas para los delincuentes que hayan sido condenados hasta tres veces por hurtos, o que hayan robado teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que contengan datos personales. La proposición de ley que se va a votar la impulsó Junts, cuenta con el respaldo del PNV, y trata de combatir la sensación de impunidad que se ha extendido en zonas urbanas concretas al comprobar cómo las denuncias y el trabajo policial quedan en papel mojado. Esta es una situación que la ultraderecha ha utilizado para alimentar su discurso y extender la desafección. La reforma será respaldada, salvo sorpresa, por PSOE, Junts, PNV, PP y Vox, y no contará con el voto de las formaciones de izquierda aunque formen parte del bloque de la mayoría que respalda a Pedro Sánchez. Desde otros ámbitos se ha intentado ensanchar la mayoría con el argumento de que esta reivindicación es transversal, es un debate que está en la calle, y debería estar por encima de las siglas políticas o de los reparos que le pueda causar a la izquierda salir en la misma fotografía que la derecha española.
La proposición de ley de reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal la registró Junts en 2024, pero estuvo paralizada durante meses por las reservas de los partidos de izquierda. Sin embargo, la ruptura de Junts con Pedro Sánchez por el nivel de cumplimiento de sus acuerdos provocó que el presidente español moviera ficha y se acelerase de manera vertiginosa su tramitación, hasta que en diciembre del año pasado se pactaron enmiendas transaccionales a varias bandas. Por tanto, el PSOE cree que esta reforma es importante para intentar un nuevo acercamiento al grupo de Míriam Nogueras. Pero su socio dentro del Gobierno de coalición, Sumar, no comparte esta iniciativa, como tampoco lo hacen EH Bildu y Podemos. ERC se abstuvo.
Los cambios
Ese es el contexto político de la reforma del jueves, pero su trascendencia es, sobre todo, penal y en el plano del debate social. La controversia con los hurtos proviene de la normativa vigente, que impide fijar penas de cárcel para las sustracciones que no sumen 400 euros. La reforma que se va a someter a debate, por el contrario, contempla otras posibilidades que no existían y que no tienen en cuenta el monto económico. Si la persona acusada tiene otras tres condenas y al menos una de ellas es por un delito leve, se le impondrán de seis a 18 meses de cárcel. Y, si acumula tres condenas por delitos graves o menos graves de hurto, tendrá una pena de prisión de uno a tres años.
En este tipo de hurtos agravados de uno a tres años se añade otro supuesto: que los objetos sustraídos sean teléfonos móviles o dispositivos electrónicos que contengan información personal. En este caso, la clave es que contengan datos personales porque se trata de información sensible, es decir, el delincuente no solo se lleva un objeto, sino también el correo electrónico de esa persona, quizás su cuenta de banca electrónica, etc. Este es el elemento diferencial ya que, por el contrario, si el teléfono es nuevo y no contiene esa información personal, no entra dentro de esta casuística.
También se ha acordado imponer como medida cautelar al delincuente “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”. Además, se contempla una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado petaqueo de las lanchas de narcotráfico: “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos”.
Barcelona ha sido durante años el paradigma de los casos de multirreincidencia en delitos de baja intensidad, con largas colas en las comisarías de sus zonas más turísticas para que las víctimas de hurtos registren unas denuncias que rara vez llevan a alguna parte, salvo que la sustracción se produzca con algún forcejeo o algún grado de violencia que eleve la consideración del delito a la categoría de robo con fuerza. Supone un quebranto para la labor policial, que dedica recursos humanos para una tarea con pocas o ninguna consecuencia. El fenómeno lo utilizan formaciones de ideología extremista como Aliança Catalana o Vox a nivel estatal para vincular abiertamente la delincuencia con la migración y para aproximarse con un trazo más grueso a este debate.
