El exjefe de gabinete de Ribera reconoce que se reunió con Koldo, aunque no por la trama de hidrocarburos

Así lo han explicado este miércoles fuentes jurídicas a Europa Press, que también han manifestado que Pons ha señalado que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Además, según las mismas fuentes, Pons ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz que tuvo una reunión con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, aunque ha precisado que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.

En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía una conversación entre Koldo y Pons en la que el exasesor ministerial le pedía una reunión.

"Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.

En ese mismo informe, los agentes incluyeron una imagen que reenvió Koldo a Pons en febrero de 2021 "conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel".  

NINGÚN TRATO DE FAVOR

El exjefe de gabinete y diputado del PSOE en el Parlamento de Baleares ha manifestado que cree recordar que el envío de la foto fue posterior a su encuentro, pero ha dicho que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva.

En este sentido, Pons ha insistido en que Villafuel no recibió ningún trato de favor por parte de ningún ministerio y ha recordado que la concesión se resolvió en 2022 por vía ordinaria, más de un año después de que se dieran las presuntas presiones, según relatan otras fuentes jurídicas.

Esas mismas fuentes han explicado a esta agencia de noticias que el exjefe de gabinete también ha documentado que no se había incorporado a su puesto de trabajo en el Ministerio en el momento en el que Villafuel presentó la primera solicitud.

Y que, igualmente, ya había cesado en su cargo cuando se tramitó la segunda solicitud de esta empresa y cuando se resolvió este expediente por vía ordinaria, entre julio y septiembre de 2022.  

DECLARACIONES PENDIENTES

Por su parte, el empresario investigado Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama -ambos identificados por la UCO como presuntos cabecillas de la trama-, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no hayan comparecido más imputados.

También estaba previsto que declarase como testigo esta mañana Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, pero no ha podido acudir por motivos logísticos, según fuentes jurídicas. Su declaración se pospondrá a otro día.

Se prevé que el juez escuche mañana a partir de las 10.00 horas como investigado a Aldama e igualmente en esa condición, este viernes, a la empresaria Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz escuchará como testigos este jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como este viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.  

INFLUENCIA EN VARIOS MINISTERIOS

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".

Además, los agentes señalaron que Aldama y Rivas "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras" y que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el presunto conseguidor, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.

Asimismo, la UCO indicó que la trama habría formado "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".

"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del "entorno de la presunta organización criminal" se habría pedido a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.