El lehendakari Pradales ha detectado una preocupación por la seguridad en determinados núcleos urbanos, y el pasado mes de julio puso en marcha el Basque Segurtasun Foroa con la intención de que este debate sea uno de los asuntos nucleares durante el próximo año. Una de las cuestiones que el propio consejero Bingen Zupiria tiene en su radar es la sensación de impunidad que puede sentir la ciudadanía cuando hay personas que siguen cometiendo hurtos o agresiones a la espera de que se celebre su juicio. Y, en ese contexto, el lehendakari Pradales ha expuesto este viernes una reivindicación clave que además es compartida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana: pide más jueces para aliviar el “déficit estructural” que padece la comunidad autónoma vasca, que cuenta con 10,1 togados por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de media de los países europeos.
Esta reivindicación depende del Estado, y el momento para hacerla pública no pudo ser más oportuno. Tanto Pradales como Subijana plantearon su petición en el acto de apertura del año judicial vasco en presencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que además ha mantenido una reunión con la consejera vasca María Jesús San José. En su momento, Subijana calculó que harían falta entre 10 y 15 plazas de jueces para superar la saturación en los juzgados y que la carga de trabajo fuera más asumible para dar cauce en tiempo y forma a los casos que tienen sobre la mesa.
Si Subijana avisó en su discurso de apertura del año judicial de que el “déficit de planta judicial sigue siendo el punto más vulnerable del sistema de justicia en Euskadi”, Pradales apostó por una justicia “eficaz” que significa “contar con los medios humanos necesarios, algo que no depende en exclusiva ni directamente de Euskadi”. “Venimos trasladando al Gobierno español y en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la necesidad de contar con más plazas ante la saturación de nuestros juzgados, especialmente en las capitales vascas. Según el informe al que hacía referencia el presidente del TSJPV, elaborado el año pasado por el Consejo de Europa, mientras la media europea es de 17,6 jueces por 100.000 habitantes, en Euskadi es de 10,1. Volvemos a reclamar que se solucione este déficit estructural. Es más urgente si tenemos en cuenta el obligado proceso de relevo generacional con las jubilaciones previstas”, alertó.
“Además de maximizar recursos, estamos preparando una nueva ley para reorganizar los juzgados mejorando la atención al público, priorizando la violencia de género y los procesos de familia. Séneca dijo que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. No podemos permitirnos que haya juicios que se celebren 4 o 5 años después de que se cometa el delito, ni que cale la percepción de que las personas que delinquen repetidamente quedan impunes. Hemos mejorado la coordinación para que haya juicios rápidos y vamos a seguir profundizando, pero tenemos que hacer más para combatir y atajar la multirreincidencia”, añadió Pradales. El lehendakari vinculó este debate con el riesgo de desafección ciudadana y la necesidad de hacer frente a las corrientes populistas que han hecho bandera de problemas como este. Recordó que la justicia “no es ajena a la crisis de confianza”, y que debe ser “eficaz, rápida, moderna, humana, universal y cercana”.
Blindaje del autogobierno y atención en euskera
En ese sentido, propuso otras medidas como reducir la burocracia, un objetivo para el que la tecnología es la gran aliada del Gobierno vasco, con el expediente judicial electrónico, la inteligencia artificial para transcribir los juicios... También habló de una justicia más accesible para las personas vulnerables y, por último, realizó dos reflexiones más políticas sobre el autogobierno y el euskera. Repitió un argumento clásico en estas citas, que el poder judicial tiene que ser descentralizado al igual que el Estado autonómico, y añadió que el Estatuto de Gernika se debe desarrollar sin “obstáculos ni bloqueos”. Aplaudió que el Congreso haya admitido a trámite la propuesta del PNV para que el Tribunal Constitucional sea el máximo intérprete de las transferencias de competencias ante el aluvión de recursos al Supremo por vía ordinaria, pero añadió que hay que ir más lejos con un nuevo acuerdo con el Estado que instaure “un sistema imparcial de garantías” y un marco de bilateralidad que evite la erosión de competencias. Añadió que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en euskera en todas las administraciones públicas, “sin excepciones”, en lo que supuso una alusión velada a los pasos que debe dar la justicia.
Subijana y la fiscal Adán
Subijana, por su parte, argumentó que los índices de pendencia (asuntos pendientes sin resolver) y congestión en los juzgados siguen al alza, y lo atribuyó de manera directa al bajo ratio de jueces. De ese modo, es imposible “absorber la carga de trabajo creciente en los juzgados de instancia de las tres capitales y Barakaldo”. “Comienzan a atisbarse puntos de tensión en el orden penal con un alargamiento del tiempo de duración media de los enjuiciamientos”, avisó. Y mientras se produce esta exigencia de medios, la fiscal superior, Carmen Adán, propuso precisamente juicios rápidos en lugar de recurrir más veces a la prisión provisional ante el aumento de los delitos, porque en muchos supuestos no es proporcional o no se ajusta al delito que se ha cometido.
