El Supremo rectifica y rebaja a la mitad la fianza al fiscal general, de 150.000 a 75.000 euros

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.

Hurtado ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha depositado un aval de 150.000 euros para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado día 9, Hurtado impuso al fiscal general el pago de una fianza de 150.000 euros, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.

Sin embargo, el magistrado ha dictado "de oficio" un auto en el que rectifica esa cuantía al excluir la eventual multa para el delito de revelación de secretos que se pudiera imponer al fiscal general. Explica que el abogado de González Amador, en su recurso contra el de apertura de juicio oral, solicita que se corrija el error material de integrar la multa en el cálculo de la fianza, para lo cual hizo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La corte de garantías aprobó una sentencia en 2023 que declara inconstitucional la inclusión en el cálculo de la fianza de una cuantía para asegurar una posible multa en el juicio porque equivale a "anticipar la pena".

El instructor indica que su auto, notificado hoy, no responde a dicho recurso, pero afirma que sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, "puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular".

Hurtado entiende "oportuna" esa rebaba "en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil".

Cantidad excesiva

Antes de conocerse esta decisión, el fiscal general tenía previsto recurrir la fianza directamente ante la Sala de lo Penal descartando el recurso previo ante el instructor, porque consideraba esa cantidad excesiva, aunque ahora está por ver si finalmente recurre o no.

Y aunque González Amador advirtió en su recurso al juez de este error, insiste en que la fianza no puede ser inferior a 300.000 euros porque "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".

Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".