La negociación de las transferencias se acerca a un punto de inflexión. El lehendakari Pradales había pedido al Gobierno español que realizara un gesto político importante este mes, y el momento para escenificarlo es esta misma semana. En concreto, el miércoles. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, tiene previsto reunirse ese día en Madrid con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y espera que el ministerio abandone sus resistencias para alcanzar un acuerdo que permita gestionar las prestaciones de desempleo desde una ventanilla vasca, la de Lanbide. Por lo tanto, quien tiene la llave para enderezar o no el rumbo de las conversaciones y generar confianza es un ministerio de Yolanda Díaz, de Sumar. 

Díaz está en el ojo de huracán porque, en las últimas semanas, ha abierto dos grandes frentes de desencuentro con dos aliados imprescindibles para el presidente español, el socialista Pedro Sánchez. En julio, el lehendakari Pradales tuvo que regresar de la Comisión Permanente sin un acuerdo totalmente satisfactorio sobre la Seguridad Social, ya que sí consiguió pactar con el ministerio del PSOE las prestaciones no contributivas para el cuidado familiar, pero no hubo solución posible con Sumar sobre las prestaciones de desempleo. Estos días, la ministra ha abierto una brecha con Junts tras su dura intervención contra Míriam Nogueras después de que tumbara la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz tiene ante sí la posibilidad de sacudirse la tesis de que le está faltando mano izquierda con los aliados de la investidura.

El contenido de la transferencia: pagar la ayuda, no regular su cuantía

Lo que pretende Ubarretxena es conseguir una transferencia para poder dar el visto bueno a las solicitudes de la ciudadanía y realizar los pagos de las prestaciones, es decir, no está pidiendo la competencia para legislar la cuantía de las ayudas porque, a día de hoy, es una atribución que le corresponde al Estado español. Con esta aclaración, esperaba vencer las resistencias, pero hace unos días deslizaba que no todos los partidos que forman parte de Sumar lo ven claro. Lo que se negocia es, por un lado, la prestación contributiva de desempleo que se recibe cuando se pierde el trabajo o la jornada laboral se reduce entre un 10% y un 70% y, por otra, se negocia el subsidio por desempleo para las personas que no han cotizado lo suficiente ante la Seguridad Social como para cobrar la primera prestación. También da cobertura cuando se agota esa ayuda, o a los mayores de 52 años, las víctimas de violencia de género o sexual, los emigrantes retornados y la renta agraria.

En una entrevista con El Correo publicada este domingo, Ubarretxena argumentaba además que las 30 oficinas del Sepe en la comunidad autónoma están saturadas, y esta transferencia podría ayudar a descongestionar las colas. Sería de ayuda para las personas que esperan la prestación y para las “534” que trabajan en ese servicio. Al margen de este traspaso, ya anunció que la primera semana de octubre enviará las ofertas sobre todos los que quedan para completar el Estatuto de Gernika 46 años después de su aprobación.