El Gobierno vasco sigue trabajando para conseguir la gestión de las materias relacionadas con la Seguridad Social por encima del clima de incertidumbre política que se vive en el Estado español sobre la duración de la legislatura de Pedro Sánchez. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha mantenido este miércoles una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que pertenece a un Ministerio de Sumar, liderado por Yolanda Díaz. A ellos les corresponde la parte de la Seguridad Social relacionada con los subsidios de desempleo, y eso es lo que se abordó este miércoles. La parte vasca puso sobre la mesa el perímetro que debería tener la transferencia con todo lujo de detalles, y dejando claro que la comunidad autónoma aspira a la gestión de las prestaciones, es decir, a dar el visto bueno a las solicitudes de la ciudadanía y realizar los pagos, pero no aspira a legislar su cuantía, una competencia que admite que, hoy por hoy, es del Estado. Esta era una de las grandes preocupaciones de Sumar, que tiene la presión del ámbito sindical para que las prestaciones sean homogéneas. En cualquier caso, el Ministerio de Díaz sigue alegando dificultades jurídicas que Ubarretxena quiere combatir con el Estatuto de Gernika en la mano.

Este miércoles se negociaron dos cuestiones distintas: por un lado, la prestación contributiva de desempleo que se recibe cuando se pierde el trabajo y, por otra, el subsidio por desempleo, que entra en juego cuando una persona no ha cotizado lo suficiente ante la Seguridad Social como para cobrar la primera prestación o dar cobertura cuando se agota. En ambos casos, la comunidad autónoma aspira a la gestión, es decir, a las funciones de “reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora”, como explicó el departamento en una nota tras el encuentro. Ambas son gestionadas por el Sepe, el servicio estatal de empleo.

Prestación contributiva de desempleo

En cuanto a la prestación contributiva de desempleo, el Gobierno vasco recordó que es la que protege a quienes pierden su trabajo de forma temporal o definitiva o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10% y un 70%, incluyendo la cotización a la Seguridad Social por jubilación, incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia, asistencia sanitaria, maternidad y paternidad, así como el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad severa. Según los cálculos ofrecidos por el Gobierno vasco, en el año 2023, las personas beneficiarias en la CAV ascendieron a 50.300. La tasa de paro se ha mantenido en el 7% en el primer trimestre y la prestacion media es de 1.117,5 euros al mes. 

Subsidio de desempleo

El subsidio de desempleo, por su parte, conllevaría la gestión en los mismos términos que la prestación por desempleo, así como el traspaso de personal y de medios materiales del Sepe. El subsidio es complementario a la prestación por desempleo, pero su naturaleza, como recuerda el Gobierno vasco, es asistencial. El departamento enumera los subsidios que están en marcha ahora mismo: los de agotamiento de la prestación contributiva, cotizaciones insuficientes para la prestación contributiva, para mayores de 52 años, para víctimas de violencia de género o sexual, para emigrantes retornados y la renta agraria. En 2023, fueron 19.084 personas.

Ambas están gestionadas por el Sepe, pero el Gobierno vasco alega su “conexión natural con las funciones de Lanbide en políticas activas de empleo”, es decir, en las políticas de formación y búsqueda de trabajo. Por tanto, gestionarlas desde la CAV facilitaría la “coordinación entre las funciones actualmente desempeñadas por las administraciones autonómica y estatal, posibilitando el despliegue de una política de empleo y una atención del servicio público de empleo con mayores dosis de congruencia”. El departamento califica esta cita como una “reunión de avance” y ha mostrado su “confianza en poder solventar las dificultades jurídicas planteadas por el Ministerio”. La próxima semana, como informó este periódico, se reunirá con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez (Ministerio del PSOE), para abordar el traspaso de las prestaciones no contributivas, así como las prestaciones por desempleo gestionadas por el Instituto Social de la Marina.