El Tribunal Constitucional (TC) no prevé pronunciarse hasta el próximo año sobre la ley de amnistía aprobada en favor de los implicados en el proceso independentista catalán y responderá a la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo antes que a recursos como el del PP y los otros que puedan presentarse. Así lo explican fuentes de la corte de garantías, que detallan que pasarán como mínimo seis meses hasta que se conozca su criterio. Es más, el primer pronunciamiento del Constitucional sobre la amnistía podría tardar hasta un año, avisan. En cualquier caso, el TC comenzará desde la próxima semana a estudiar el perdón al procés. Su Pleno se reunirá para decidir si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre el delito de desórdenes públicos.
Fue el pasado julio cuando la Sala de lo Penal, la que juzgó a los líderes independentistas y se ha opuesto a amnistiar el delito de malversación, se dirigió al Constitucional al considerar que el artículo 1 de la ley vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. El Supremo decidió acudir al TC tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al exvicepresident Oriol Junqueras y otros dirigentes del procés. Las fuentes consultadas avanzan que el Constitucional admitirá a trámite la pregunta formulada por el Supremo, que tendrá prioridad en la corte de garantías, de modo que marcará el camino para la resolución de los posteriores recursos de inconstitucionalidad y amparo.
El PP registró el pasado jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, al que se sumarán previsiblemente en los próximos días –el plazo para recurrir se agota el próximo día 11– la mayoría de comunidades autónomas donde gobiernan los populares. También se espera el de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, muy crítico con la amnistía. El ponente sobre la admisión o no a trámite del recurso del PP será José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado en el TC a propuesta del propio partido de Alberto Núñez Feijóo. El PP, además, ha pedido la recusación de tres magistrados alegando que la corte debe ser “imparcial” e “independiente” a la hora de analizar esta norma. Desde el PP buscan apartar de la deliberación de la ley al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, la ex directora general de Moncloa Laura Díez y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ha anunciado que se abstiene en la cuestión del Supremo. Campo ya presentó su abstención el año pasado para un recurso de amparo presentado por un particular contra la admisión a trámite del borrador de la amnistía por parte de la Mesa del Congreso.
El ‘perdón’ a los CDR
La Audiencia pregunta a Europa
Por “contravenir” el Derecho Comunitario. La Audiencia Nacional (AN) ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si es aplicable la amnistía al delito de terrorismo atribuido a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo. Quieren saber si, tal y como los magistrados ven, contraviene el Derecho Comunitario y si garantiza la impunidad de los delitos. Creen que perdonarles “supone enviar un mensaje hacia el futuro en el sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.
