La Fiscalía francesa ha pedido entre 1 y 2 años de cárcel que pueden ser suspendidos para Jea Noël Etcheverry Txetx y Béatrice Molle, dos de los cinco miembros detenidos en Luhuso, cuando neutralizaban parte del arsenal de ETA. En la vista oral que prosigue este miércoles en el Tribunal Correccional de París, el Ministerio Público francés , aunque la evolución de los hechos posteriores (el desarme de Baiona se hizo con el visto bueno francés) y los años transcurridos desde entonces le han llevado a reducir las peticiones iniciales de entre 7 y 10 años. Un tercer detenido, Michel Bergouignan, fue sacado del proceso judicial, mientras que Mixel Berhokoirigoin y Michel Tubiana han fallecido desde 2016.

A diferencia de otras vistas orales por otros delitos, en esta ocasión no hay duda de la autoría de los hechos (tenencia y traslado de armas y explosivos), reconocida por los propios Etcheverry y Molle, que prestó su caserío para la neutralización que iba a ser certificada el día siguiente al 16 de diciembre por el pastor norirlandés Harold Good.

La Fiscalía ha puesto el foco en la tenencia probada de armas y en la finalidad de la acción, que ve vinculada al terrorismo. “No hace falta ser miembro de ETA para compartir sus fines”, ha llegado a espetar la fiscal antiterrorista adjunta Aurélie Valente, que ha cuestionado si “transportar y tener esas armas está hecho de acuerdo a los intereses de ETA”.

"Lo querían hacer como quería ETA"

El Ministerio Público ha asegurado que ese proceso de desarme “lo querían hacer tal y como quería ETA”, con el objetivo de que sus miembros “tuvieran garantías” e impedir aclarar los cerca de 300 asesinatos aún sin autores conocidos.

En un punto en el que ha chocado con la versión de Etcheverry la víspera, que señaló que ETA rechazó la disposición del grupo de Luhuso porque tenía una vía abierta con el Estado francés (al fracasar se reactivó la vía civil), la fiscal adjunta se ha preguntado si no había “otras opciones ante el desarme unilateral de ETA”.

Ha recordado que las operaciones policiales llevadas a cabo desde que la organización armada anunció el cese definitivo de su violencia en octubre de 2011 evidenciaban que otro desarme era posible, y que la propia ETA estaba cada vez “más débil”.

Algo que coincide con Etcheverry, que la víspera puso el foco más en el riesgo de alargar el proceso de desarme vía policial durante años, tanto por el terrorismo islamista como una posible escisión entre el sector oficial y el disidente dentro de ETA, como citó.

A entender de la fiscal, los dos procesados estuvieron “a las órdenes de ETA y sus fines”, que pasaban por “evitar a los estados español y francés”. Ha criticado que el grupo de Luhuso no empleara “una actuación discreta”, pese a que Etcheverry explicó cuál era el plan A y el plan B, y que solo cuando quedó frustrado el primero se pasó al segundo, con notoriedad pública.

“No sé por qué no contactó antes con la prefectura. ¿No será que aquella operación policial le llevó a cambiar de forma de proceder?”, ha lanzado Valente, que ha criticado que no se aportara a la instrucción de la causa algunos testimonios como el del exministro del Interior o el entonces prefecto de los Pirineos Atlánticos, que se han escuchado ya en la vista oral: “No se ha dado oportunidad de comprobar lo que decían”.

Al final de su alocución, Valente ha rebajado la petición entre 1 y 2 años de cárcel, petición que puede quedar en suspenso, así como la prohibición de tenencia de armas durante los próximos cinco años. Valente ha justificado esta posición en el propio perfil de los encausados, el final del proceso de ETA, con el desarme de Baiona (coordinado con París), así como los años transcurridos desde entonces. La fiscal adjunta ha rechazado pedir que Etcheverry y Molle sean incluidos en el fichero especial de condenados por terrorismo (FIJAIT).

¿Son terroristas o no?

Una de las claves del juicio reside en cómo interpretar la excepcionalidad de una acción que, como recordó el propio Etcheverry el martes, bien puede ser considerado propia de “terroristas” o de “artesanos de la paz, como nos llamaron después”.

En su propia defensa, Etcheverry recordó el martes que tenía poco que ver con ETA, y que incluso él, Berhokoirigoin y Tubiana fueron amenazados por organizar una marcha entre Lizarra y Garazi cuando la organización armada reanudó su violencia rompiendo aquella tregua.

Uno de los abogados de la defensa, Jean-Michel Baloup, ha llegado a intentar hacer ver la contradicción entre los fines de unos procesados que pueden ser acusados de unos delitos cuando pretendían lo contrario con dos ejemplos. Ha citado a Jesús de Nazaret, “crucificado por querer hacer el bien”, y el Llamamiento del 18 de junio que hizo Charles De Gaulle en 1940 desde Londres, para pedir a sus compatriotas resistir ante la invasión nazi: “Si entonces hubiera existido una Fiscalía Antiterrorista, De Gaulle hubiera sido enjuiciado”.

“Juicio histórico”

La defensa ha subrayado el carácter “histórico” de un juicio que el Tribunal Correccional de París desarrolla este martes y miércoles. Además de los hechos, la relevancia de esta vista oral reside en los testigos aportados, entre los que se encuentran el exministro del Interior francés Matthias Fekl; el que fuera prefecto de los Pirineos Atlánticos Éric Morvan; el presidente de la Mancomunidad de Iparralde Jean-René Etchegaray; la exdiputada socialista Sylvia Allaux o el actual alcalde de Hendaia, Kotte Ecenarro.

Todos ellos subrayaron la importancia que tenía realizar el desarme de ETA cuanto antes, que según el testimonio de los dos primeros, contó con el visto bueno del primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, tal y como quedó recogido en la primera sesión de la vista oral.