El PP amenaza con judicializar la reforma de la Lorafna, la ley del Amejoramiento del Fuero, que pretende sacar adelante el Gobierno navarro. Su portavoz en el Parlamento Foral, Javier García, advirtió ayer lunes de que cualquier cambio en la ley que regula el autogobierno necesita del apoyo expreso del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. Para justificarlo, aseguró que en ningún caso van a permitir que la Guardia Civil deje de patrullar las carreteras navarras.

Hay, admiten los populares, “discrepancias” jurídicas en torno al papel que debe jugar el Senado en la reforma “exprés” que plantea el Gobierno de María Chivite. El Ejecutivo foral interpreta que el voto de la Cámara Alta no es vinculante y que, como ocurre con cualquier ley orgánica, un voto en contra se puede corregir después en el Congreso con una mayoría absoluta. Y ahí los números sí son favorables a Nafarroa. El PP podría a lo sumo retrasar todo el proceso dos o tres meses, pero en ningún caso impedirlo.

Pero este partido no está por la labor de poner las cosas fáciles. García insistió ayer en que recurrirán a cualquier resquicio legal para frenar el traspaso de la competencia. Ello abre la puerta a la judicialización de una trasferencia que la derecha española va a tratar de utilizar para hacer oposición al Gobierno de Sánchez.

Se abre así una nueva batalla política en torno a una competencia que el Tribunal Supremo ha puesto en tela de juicio con su última sentencia, en la que anula el real decreto de traspaso con el que el Gobierno español había cedido las competencias de tráfico y circulación a la Comunidad Foral. Un fallo polémico que cuestiona también el origen y el alcance de los derechos históricos reconocidos en la Constitución.

El Ejecutivo de Chivite quiere solventarlo mediante una “reforma exprés” del Amejoramiento, un proceso más largo pero que blindaría la competencia para el futuro y que requiere de un acuerdo político con Moncloa. El mismo deberá ser ratificado después por el Parlamento navarro y por las Cortes Generales, tanto el Congreso como en el Senado.

Los populares alegan, para justificar su intento de veto, que se trata de un acuerdo político del PSOE con sus socios, aunque de facto la reforma del Amejoramiento requiera de un acuerdo previo entre el gobierno navarro y el español. Algo que no es suficiente para el PP porque las mayorías que sostienen a ambos ejecutivos son ahora diferentes a las que había en 1982, cuando se aprobó la Lorafna. Su posición fue criticada por el resto de grupos y solo logró el apoyo de Vox.