El PNV ha solicitado al PP aclarar si defiende el incumplimiento del Estatuto de Gernika. Lo ha hecho la senadora jeltzale Nerea Ahedo en el debate de una moción del PP que pone en cuestión el contenido de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social acordada por PNV y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Esta transferencia está contemplada en los artículos 18.2 y 18.4, y en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía y cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.

Ahedo ha preguntado a los ‘populares’ si “¿se declaran insumisos a la ley? Reconózcanlo aquí y ahora, sin tergiversar ni adornar la realidad, y sin retorcer la verdad con disculpas como la de la ‘caja única’ que nunca ha estado comprometida”. La representante jeltzale ha aclarado que con la citada transferencia “no se rompe nada”, en referencia a la supuesta ruptura de la caja única sobre la que advierte el PP, “como no se rompió con la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, o con las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez”.

Según la senadora vasca, transferencia supone asumir tareas encomendadas a tesorería, no al establecimiento de pensiones máxima y mínimas o la normativa básica. “Se trata del ejercicio de la función de gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social: potestad sancionadora, función inspectora, altas y bajas, control y gestión de la recaudación, pago de cotizaciones y pensiones, inscripción de empresas, capacidad de aprobar aplazamientos y fraccionamientos…”, ha apuntado.

Ahedo ha situado la verdadera intención de esta iniciativa en el objetivo electoralista del PP de “sacar cabeza” de cara a las elecciones al Parlamento Vasco, así como de tratar de dejar en entredicho los acuerdos alcanzados por el PSOE para la investidura. “Aclárense: en 1993 apoyaron el ‘Informe Zubia’, y no hace tanto, en el Parlamento Vasco apoyaron que se materialicen las transferencias pendientes. No se rasguen las vestiduras por un acuerdo que solo refleja que se traspase lo que por ley nos corresponde”, ha concluido.

Ley de Secretos Oficiales

Por su parte, la portavoz de PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha urgido a modificar la Ley de Secretos Oficiales para "levantar los velos de una memoria muchas veces falseada por la impunidad, causando aún más daño y más dolor en las víctimas". A su juicio, es necesario “que se levante esa losa” que impide acceder a la información y a la verdad, y restañar las heridas de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

En el debate de una moción socialista dirigida a reforzar el ámbito de la memoria democrática, Beltrán de Heredia ha emplazado a “superar todas aquellas barreras que, unas veces en nombre de la amnistía y otras en base a la prescripción de los hechos, han cerrado la puerta a la justicia”, ha señalado. “Es necesario levantar los velos de una memoria muchas veces falseada por la impunidad, causando aún más daño y más dolor en las víctimas”.

En el pleno, la representante jeltzale ha considerado que las concentraciones que se están realizando “en contra del legítimo gobierno democrático”, donde se exhiben banderas e himnos preconstitucionales y se hace apología de la dictadura franquista, “toma especial relevancia la Ley de Memoria Democrática”.

Así, la portavoz jeltzale en la Cámara Alta ha llamado a construir la memoria a partir del más riguroso conocimiento histórico. “Hay que remover todavía muchos obstáculos para facilitar el acceso a la Verdad. Y esa es una obligación de los poderes públicos para con todas las víctimas, sean del signo que sean; y no con el propósito de resucitar rencores, como se escuda la derecha, sino para restañar las heridas y reconocer la dignidad de todas ellas”, para ello, ha mostrado el firme compromiso de su partido con las políticas de memoria.

Beltrán de Heredia ha advertido de la posición contraria a esas leyes de la derecha española, “ya que aceptarlas les obligaría a replantearse sus propios orígenes y a romper con el pasado franquista”, como así refleja la “derogación de facto la ley de Memoria Histórica del 2007” por parte de Mariano Rajoy, con los recursos de PP y de Vox ante el Tribunal Constitucional de la Ley de 2022, y al inicio de los procedimientos para derogar las leyes autonómicas de memoria.