El PNV criticó durante la anterior legislatura que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara leyes en materias que no son competencia del Estado y que entran hasta la cocina de las comunidades autónomas, y que también hubiera cierta descoordinación a la hora de cumplir los acuerdos por el elevado número de carteras del Ejecutivo español: para impulsar una infraestructura, había que llamar a los encargados de los transportes, de las autorizaciones ambientales y de hacienda. Ahora el esquema vuelve a repetirse en el reparto de los nuevos ministerios, quizás con la salvedad de que esta vez el PNV ha conseguido amarrar un acuerdo de investidura con mayores garantías. Fuentes del PNV consultadas por este periódico aseguran que “sorprende que en la nueva configuración del Ejecutivo español se haya mantenido el elevado número de carteras”, 22, y también “sorprende que se hayan creado ministerios sobre materias que no son competencia del Estado”. “En cualquier caso, las y los jeltzales confían en que este Gobierno cumpla los acuerdos firmados entre el PNV y el PSOE, y esperan que el funcionamiento de la legislatura sea diferente al de los últimos años”, añaden.

El PNV no da más detalles, pero el mayor foco de conflicto puede llegar esta vez por la creación de dos ministerios en áreas de gestión que son competencia autonómica, la Infancia, con Sira Rego, de Sumar; y la Vivienda, un debate donde llueve sobre mojado: el PNV ya denunció la existencia de invasiones competenciales en la ley estatal. La cartera la asume la hasta ahora ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, lo que a ojos de un profano podría anticipar una mayor sensibilidad, pero esta ministra ya desairó al PNV al asegurar que a la ciudadanía no le importa tanto quién tiene la competencia, sino que se solucionen sus problemas.

Mientras el Gobierno español no comience su andadura, no se despejarán las incógnitas que rodean a este nuevo Ejecutivo. Algunos movimientos de Sánchez se pueden interpretar como un guiño, y otros como un potencial foco de tensión con el PNV.

Escrivá, el "ministro obstáculo", fuera de la Seguridad Social

En principio y sobre el papel, se despeja el camino para la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi. El ministro más receloso a ceder las competencias, José Luis Escrivá, abandona ese Ministerio y pasa a asumir las riendas de la Transformación Digital. El perfil técnico de este ministro provocó múltiples choques con el PNV, que llegó a lanzar un ultimátum a Sánchez por su insistente bloqueo en la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y su ausencia de sensibilidad política en las negociaciones. El IMV era una materia clave porque suponía activar por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, es decir, sentaba un precedente para la transferencia de las materias de la Seguridad Social, y Escrivá tensó la cuerda hasta el final. El PNV llegó calificarlo como “ministro obstáculo”.

Por lo tanto, podría interpretarse que Sánchez ha engrasado una parte del acuerdo con el PNV que puede ser crucial, en la medida en que se ha comprometido a ceder en dos años la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social y el resto de materias del Estatuto de Gernika, y Andoni Ortuzar ya había avisado públicamente de que, si el PSOE comienza a hacerse el remolón y no cumple, el apoyo del PNV correrá un peligro total y improrrogable.

Las expectativas, si las hubiera, vendrían dadas por la salida de Escrivá y no tanto por quién lo releva, aunque en cierto modo puede facilitar las cosas la entrada de Elma Saiz, una navarra a la que el PNV no tendrá que explicar qué significa la foralidad. Saiz ha ejercido como consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno navarro, conoce el Convenio de su comunidad y el Concierto vasco, y también formaba parte del Ejecutivo de Chivite cuando se pactó el traspaso del IMV a su territorio. Pero en otros ámbitos se interpreta que, en realidad, este movimiento lo que despeja es una moción de censura contra UPN en el Ayuntamiento de Iruñea para dar la alcaldía a EH Bildu. Al margen de esa lectura, más allá del ministro que ocupe la cartera, la experiencia ha demostrado que la clave radica en el impulso político que quiera dar el presidente a los acuerdos frente a la resistencia numantina de amplios sectores del funcionariado estatal, y también depende del grado de necesidad que sienta Sánchez, quien esta vez sí tendrá que amarrar sí o sí los cinco escaños del PNV para sacar adelante sus leyes.

Montero, de la firma del acuerdo a la vicepresidencia

Sí puede dar oxígeno al cumplimiento del acuerdo con el PNV el ascenso de una persona clave durante las negociaciones con los jeltzales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se eleva en el organigrama hasta ocupar la cuarta vicepresidencia en el Gobierno español. Con ella también hubo fricciones durante la anterior legislatura a cuenta de la cesión de remantentes de los ayuntamientos al Estado, y hace unos días se malinterpretaron unas declaraciones suyas sobre el traspaso de la Seguridad Social, pero ella misma lo aclaró en persona con Aitor Esteban.

La cartera territorial, la encargada de negociar las transferencias y el autogobierno, la ocupa ahora el expresidente canario Ángel Víctor Torres, a quien se le presume una mayor visión periférica por proceder de las islas, pero del que existen pocas o ninguna referencia en lo que se refiere a su discurso sobre el autogobierno vasco y el catalán. Se da la circunstancia de que durante su mandato en Canarias el Estado cedió a las islas la transferencia de la gestión del litoral que, al mismo tiempo, se le negó a Euskadi con el argumento de que el Estatuto de Gernika es de primera generación y no está renovado. El propio Torres decía entonces que no es fácil pactar estas competencias.

Por otro lado, si el PNV se ha quejado en alguna ocasión de que Podemos busca uniformizar los servicios sociales olvidando quién tiene la competencia, ahora es Sumar quien se hace con el control de las carteras de Sanidad, con Mónica García, y Derechos Sociales, con Pablo Bustinduy. El PNV ya había alertado de que el pacto PSOE-Sumar incluye medidas recentralizadoras en ámbitos como las listas sanitarias. En cualquier caso, tiene pactado con los socialistas incluir cláusulas forales en las leyes que afecten a competencias vascas.