Un nuevo informe del Consejo de Europa (CoE) urge al Estado español a aclarar sin ambages el uso de Pegasus, Candiru y otros softwares de espionaje, instándole a poner sobre la mesa toda la información necesaria a la Comisión de Venecia en tres meses. El escrito, elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, con el neerlandés Pieter Omtzigt a la cabeza, coloca a España a la altura de países como Azerbaiyán, Polonia, Hungría y Grecia por el uso de una herramienta “altamente intrusiva”, resaltando las “serias dudas” de si el uso de este software, así como de otros similares, es compatible con respetar los derechos humanos. La documentación avalada ayer en París está aún sujeta a enmiendas y debería someterse a votación nuevamente en sesión plenaria de la Asamblea del Consejo de Europa (entre el 9 y el 13 de octubre) para su aprobación definitiva.

En el texto se reclaman investigaciones “efectivas, independientes y rápidas” de todos los casos confirmados –entre ellos, las 65 personas vinculadas al independentismo–, así como a proporcionar una reparación suficiente a las víctimas de los casos de vigilancia ilegal, además de aplicar sanciones a los organismos que han tirado del mismo. Estos sistemas “han sido utilizados ilegalmente o con fines ilegítimos por varios Estados miembros”, incluso contra periodistas, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y abogados. “Los Estados deberían abstenerse de utilizar dicho software espía hasta que sus leyes y prácticas sobre vigilancia secreta estén en consonancia con la Convención y otras normas internacionales”, recoge el informe, redactado por el citado parlamentario holandés. En cualquier caso, este tipo de herramientas solo deberían ser emplearse en “situaciones excepcionales como último recurso”.

Las autoridades españolas solo han reconocido hasta la fecha el espionaje a 18 personas enmarcándose en una orden judicial, entre las que se halla el president Pere Aragonès y el ex Jefe del Govern Carles Puigdemont. Pero el Consejo de Europa emplaza a España a dejar de ampararse en la ley de secretos oficiales y la seguridad nacional como excusas para denegar el acceso a la información.

La senadora y única miembro independentista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Laura Castel, aplaudió este último escrito que “añade presión sobre el Estado para hacer una investigación efectiva sobre el Catalangate”. Este informe se suma al que en el 2021, dirigido por el letón Boriss Cilevičs, aprobó el propio Consejo de Europa, donde se cuestionaba la libertad de expresión en España, consideraba los delitos de rebelión y sedición como “obsoletos y excesivamente amplios para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos”, e invitaba al Gobierno de Pedro Sánchez a “indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum de 2017” y a “considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos”. Un informe posterior de seguimiento fue vetado tras unir sus fuerzas el PSOE y el PP.