Gonzalo Boye, el abogado del expresident Carles Puigdemont, reclamó ayer martes una amnistía para los 4.000 encausados por el procés, al considerar que es “la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales”. El letrado opinó, en declaraciones a RAC1, que desjudicializar el conflicto catalán pasa por acordar una amnistía como la que se aprobó en el año 1977 para las cerca de “4.000 personas” que, según él, “se han visto afectadas” jurídicamente por el procés, entre las que se incluyó a él mismo.
Tras unas elecciones generales que pueden otorgar a Junts un papel clave en la gobernabilidad del Estado español, Boye insistió en que ni Puigdemont ni el exconseller Toni Comín le han pedido nunca “que busque una solución personal para ellos”, sino que les defienda “como parte de un proyecto político acosado judicialmente”. “Pero solucionar el problema político requiere solucionar el judicial, esto nunca debió judicializarse”, dijo el letrado, que recalcó que una amnistía para los encausados por el procés sí cabría en la Constitución, que lo único que prohíbe son los indultos generales. Se trataría, apuntó, de una amnistía “específica para cosas y personas que se han visto afectadas” por las causas del procés, unas 4.000.
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el procés, concluyó ayer el sumario respecto a la eurodiputada Clara Ponsatí, al estimar que existen indicios suficientes para que sea juzgada por un delito de desobediencia.
En un auto, señala que una vez practicadas las diligencias necesarias no considera precisa ninguna indagación más y procede concluir el sumario respecto de ella. El juez instructor recuerda que la exconsellera independentista, que fue procesada en situación de rebeldía, fue detenida el pasado lunes en Barcelona y que, tras serle practicada la declaración indagatoria para comunicarle su procesamiento, quedó en libertad provisional.
