Los condenados de ERC por el 1-O recurrirán “cualquier resolución que no aplique la ley más favorable” en la revisión de la condena del Tribunal Supremo (TS) tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. “Si la interpretación que hace el Supremo no aplica la ley más favorable, que es a lo que le obliga la ley, esta resolución se tendrá que recurrir”, consideró uno de los abogados, Andreu Van den Eynde, después de que la Fiscalía solicitara al Tribunal Supremo (TS) que mantenga las penas de inhabilitación para los castigados por el 1-O, entre ellos Oriol Junqueras (13 años), así como para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años). Este eventual recurso se presentaría ante el mismo Supremo, si bien después la decisión también puede acabar en el Tribunal Constitucional (TC) y posteriormente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los cuatro fiscales del procés remitieron un escrito en el que se oponen a la revisión de las condenas de inhabilitación de aquellos líderes independentistas que fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación. La razón es que, como en el caso de Carles Puigdemont, los fiscales creen que la reforma penal permite seguir manteniendo que estos cuatro dirigentes incurrieron en un delito de malversación en su forma más grave al considerar que hubo ánimo de lucro en el desvío de dinero público para “fines delictivos”. Y este tipo penal contempla penas de inhabilitación de 10 a 20 años, de modo que las condenas impuestas a Junqueras y los otros exconsellers “se encuentran en la mitad inferior” de las recogidas en el actual Código Penal, razón, dice la Fiscalía, por la que “no deben revisarse”, pues, de lo contrario, será perjudicial para ellos. Los fiscales, en sintonía con el decreto que dictó el fiscal general del Estado con pautas de actuación respecto a la reforma del delito de malversación, subrayan que “el ánimo de lucro no solo se integra por la obtención de un beneficio económico propio para el autor o para un tercero”, sino también por la consecución de cualquier otro beneficio, “como sucede cuando apropiándose de los fondos públicos estos son destinados a fines delictivos”. En este contexto, Van den Eynde remarcó que la sentencia del 1-O “no habla ni hace mención en ningún lugar a ningún ánimo de lucro”, y cree que los hechos probados en la sentencia no permiten condenarlos por este delito. Otro argumento de las defensas para retirar la condena por malversación es que este fue aplicado como un delito medial, es decir, necesario para conseguir un delito final -la sedición- que con la reforma ha decaído.
Enfado republicano
“Es un golpe de Estado de la judicatura española”. De este modo Marta Vilaret, vicesecretaria general de Derechos de ERC, describió la interpretación del juez Pablo Llarena sobre la reforma penal. Van den Eynde no se extrañó de que la Fiscalía mantendría este posicionamiento menos favorable a los líderes del procés e interpelado acerca de si la reforma del Código Penal ha sido precipitada, el penalista aseveró: “ El legislador no puede entrar en una carrera para controlar a los jueces, y los jueces no han entendido quién redacta las leyes”. “En el TEDH o en Naciones Unidas lo que recibimos de feedback es cómo el Poder Judicial retuerce el derecho y eso supone una protección para los exiliados y nos da armas de cara a Estrasburgo”, zanjó.
Respecto a los que fueron solo condenados por un delito de sedición, el Ministerio Público sí que ve “procedente” revisar la sentencia, dado que las penas relativas a los delitos que, tras la reforma penal, “sustituyen a la sedición” -es decir, la desobediencia y los desórdenes públicos agravados- “son inferiores” a la pena de inhabilitación que les fue impuesta. Pide así al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (9 años y dos meses) y a los exconselles Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses) por desórdenes públicos y desobediencia, y a los líderes civiles Jordi Sànchez, ex secretario general de Junts, y Jordi Cuixart (5 años solo por desórdenes). Estos dos últimos resultarían los más beneficiados si el Supremo acoge el criterio de la Fiscalía.
Con este horizonte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señaló que un referéndum o consulta en Catalunya no es el atajo adecuado porque “cronificaría” el conflicto, y que el Gobierno de Pedro Sánchez está en la etapa de “querer superarlo”.
