Los últimos movimientos que viene realizando el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a renovar el Tribunal Constitucional y sus intenciones de eliminar el delito de sedición a través de una reforma del Código Penal no ha hecho más que ensanchar la profunda brecha abierta entre el PSOE y el PP. Ayer mismo, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, avanzó que la formación de Génova echará mano de todos los instrumentos de los que dispone para parar el “atropello del poder legislativo” que vendría impulsando Sánchez, al que acusan de “saltarse todos los controles de legalidad”. Anunció que elevarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo como “primera medida de acción” para paralizar todas las reformas planteadas.
Gamarra incidió en que Sánchez se está valiendo de vías no ordinarias, como es la figura de las enmiendas, para “llevar a cabo reformas que no pueden usar esa vía”. Por lo tanto, adelantó que el PP no dejará pasar muchos días para abrir el melón del recurso de amparo. Lo harán “de manera urgente y en cuanto sea posible”. Eso será por la vía legal, ya que, además, y por la vía política, exigirán explicaciones al presidente en una comparecencia en el Congreso de los Diputados para tratar de romper el manto de silencio que busca establecer el presidente español, que a juicio de los populares esta “escondido”. Gamarra y los suyos buscan que “dé la cara antes los españoles a los que mintió”.
Gamarra aseveró que el PP también llevará la cuestión a Bruselas. Denunciará ante la Unión Europa y el Tribunal Constitucional las últimas reformas penales promovidas por los partidos del Gobierno Sánchez, tanto los cambios para facilitar “el asalto” al TC como las realizadas “al dictado” de los partidos catalanes para beneficiar a los procesados y condenados por el referéndum de 2017. Son dos cuestiones que, según el PP, se habrían visto aceleradas “en un autoritarismo sin precedentes”. “La derogación del delito de sedición, el abaratamiento de la corrupción y las reformas del poder judicial al margen del propio poder para colonizarlo y controlar el TC no tienen parangón en nuestra democracia”, señalaron.
La portavoz del PP no dudó en afirmar, y si ambages, que “sin duda alguna, desde uno de los poderes se está perpetrando los ataques al propio Estado de Derecho, a los contrapesos que deben existir en democracia entre poderes y a la propia de separación de poderes, adentrándonos en una absoluta deriva autoritaria”. Por ello, explicó que el Gobierno pretende debilitar el Estado de Derecho para “seguir teniendo una mayoría y perpetuarte en el poder”. La meta de Sánchez es “tener los máximos poderes con mínimos controles”, profundizó, hasta el punto de llegar a límites insospechados para beneficiar a “sus socios” -en este caso a ERC- con una reforma “a la carta” y quedando “al margen de la ley”. “Esta reforma tiene nombres y apellidos, y son aquellos que ya han sido condenados por atentar contra el orden constitucional y están huidos por la justicia y no han rendido cuentas”, indicó.
Posición “antisistema”
El intercambio de golpes dialécticos entre PP y PSOE no quedó ahí. Y es que la portavoz socialista, Pilar Alegría, trató de contrarrestar las críticas populares al acusar a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de situarse en una posición “antisistema” y de querer invalidar la soberanía al no respetar los votos de los ciudadanos. Esta “deriva” del PP “no tiene justificación” porque “no respeta la separación de poderes de este país” o solo lo hacen “cuando ellos gobiernan”. De hecho, la también ministra de Educación del gabinete de Moncloa llegó a cuestionarse por qué Feijóo tiene “secuestrado” al Poder Judicial.
