El aanteproyecto de Ley de Información Clasificada ha provocado una lluvia de críticas por parte de los socios de Sánchez en el Congreso. El PNV, grupo que desde hace años ha impulsado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales franquista, se ha mostrado “decepcionado”. EH Bildu cree que se mantiene la impunidad de los GAL, por lo que ha exigido una rectificación al Ejecutivo. El resto de partidos que conforman el denominado bloque de la investidura, como ERC y Más País, también han mostrado su desacuerdo con la nueva ley.
Las discrepancias se extienden al propio seno del Consejo de Ministros, en la figura de Unidas Podemos, socio del PSOE. Así, la coalición morada podría plantearse no apoyar la ley en la tramitación parlamentaria. En Euskadi, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, expresó ayer su indignación con las afirmaciones del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, de que no le preocupa “nada” que se desclasifiquen los documentos de los GAL porque esto ya “fue juzgado y condenado en su momento”. Unas palabras “inaceptables en el fondo y la forma”, según la parlamentaria vasca, que aseguró que a su coalición y “a la ciudadanía vasca sí les preocupa cómo el Estado ordenó asesinatos montando un grupo terrorista”. “Nuestro país necesita verdad, justicia y reparación”, apostilló.
Desde su aprobación el lunes en Consejo de Ministros, han sido varias las voces en el seno del PSOE que han matizado sus postulados y se han abierto a la negociación con los grupos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo ayer jueves que el Gobierno evitará marcar líneas rojas para dicho diálogo y que se muestra abierto a negociar incluso el plazo de 50 años impuesto para la desclasificación de los documentos más confidenciales. Según la actual redacción de la norma, aún quedarían dos décadas para poder conocer la información sobre los GAL, que Robles se mostró partidaria a sacar a la luz. –
