“Aunque parezca una contradicción, es más fácil llegar a acuerdos cuando tienes mayoría absoluta y no necesitas los votos de la oposición. Si no tienes esa mayoría, la oposición ve una oportunidad de hacerte daño dejando caer tus leyes”. Esta reflexión la hacen en privado desde el Gobierno vasco para explicar el curioso fenómeno que se está produciendo en el escenario político de la comunidad autónoma: aunque PNV y PSE se bastan con sus propios votos, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha ofrecido este jueves en el Parlamento una imagen insólita, al aprobar cuatro leyes con amplias mayorías en cuestión de horas. Una de ellas concitó por primera vez en toda la legislatura un apoyo unánime, lo que incluye a Vox.

Ha sucedido en el último pleno del curso antes del verano. Aunque en sentido estricto no es una novedad en esta legislatura que las iniciativas se aprueben con apoyos más allá de los partidos del gobierno, el volumen de acuerdos en un solo pleno contribuyó a amplificar los efectos de las alianzas. En paralelo, se mantiene el espacio para la discrepancia, ya que EH Bildu solicitó una ponencia sobre atención primaria en Osakidetza que no salió adelante.

En concreto, el Parlamento Vasco aprobó las leyes de desarrollo rural (con el voto afirmativo de todos salvo la abstención de PP+C’s y el voto en contra de Vox), la de acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte (con el sí de PNV, PSE y EH Bildu, el apoyo del PP a la mayor parte del dictamen, la abstención de Elkarrekin Podemos-IU y solo el rechazo de Vox), la de protección a los animales domésticos (con las únicas abstenciones de Elkarrekin Podemos-IU y Vox), y la ley de procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, por unanimidad. 

¿Durarán los acuerdos?

Puede llamar la atención que la ultraderecha haya apoyado una ley, pero desde el Gobierno vasco confirman que no hubo negociación con este grupo y, de hecho, ni siquiera llegó a registrar enmiendas. Vox ha terminado dando su apoyo a una ley que recoge preceptos que ahondan en la normalización lingüística cuando se habla de la redacción bilingüe de las leyes antes de someterlas a aprobación previa. Pero dar su apoyo a una ley que no es política, sino más bien de cariz burocrático porque regula la elaboración de leyes, le permite salirse por una vez de su rol de partido siempre a contracorriente. En las otras leyes, algunos grupos optaron por la abstención, pero hubo acuerdo sobre varias de sus enmiendas.

No da la sensación de que esta sintonía sea pasajera. O no parece, al menos, que la vocación de diálogo se vaya a resentir a medida que se acerquen las elecciones municipales y forales de mayo de 2023. A EH Bildu le permite presentarse como una formación de gobierno, con aspiraciones de liderar las instituciones y capaz de hacerse corresponsable de la gestión. Comenzó a buscar la centralidad política en Nafarroa y en el Estado, y solo le quedaba hacerlo en la CAV, donde su rivalidad electoral con el PNV la mantuvo durante meses reticente al acuerdo con el Gobierno de Urkullu hasta que finalmente rompió el hielo con los Presupuestos.

En términos más generales, la oposición ha encontrado un mayor terreno de juego cuando ha optado por negociar las propuestas, ya que cerrarse en banda no le reporta ningún rédito porque el Gobierno vasco tiene mayoría absoluta y puede aprobar las normas perfectamente sin su concurrencia. Se trata de elegir entre la influencia o la irrelevancia. 

Al Gobierno, por su parte, le conviene garantizar un clima de tranquilidad social. Y, desde luego, en un mandato marcado por momentos trascendentales como la pandemia y la guerra en Ucrania, practicar los acuerdos de país e implicar a la oposición tiene mejor venta ante la ciudadanía, al margen de que es una convicción personal del lehendakari Urkullu.

Más pactos en la legislatura

El debate derivó en un cruce de elogios de la oposición al Gobierno vasco por su generosidad en la negociación, y del Ejecutivo hacia los grupos por su disposición al acuerdo. Este pleno consolida la dinámica de acuerdos que ya se venía forjando desde hace unos meses, con diferentes partidos e incluso a varias bandas. No se limita al pacto sobre las bases educativas entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. 

En anteriores votaciones, Podemos respaldó las leyes de juventud, igualdad y antipandemia; EH Bildu se abstuvo ante los Presupuestos de este año tras alcanzar un acuerdo con el consejero Azpiazu; y ya la semana pasada parecía anticiparse que los consensos se están ampliando por el número de partidos implicados en la ley sobre el patrimonio documental de Euskadi, con todos a favor salvo Vox. 

En paralelo, el Gobierno vasco saca brillo a su balance de leyes aprobadas, con un total de 14 proyectos de ley sobre 36, y con seis proposiciones de PNV y PSE también validadas. El Ejecutivo lanza así el mensaje de que el calendario sigue adelante, pero no a cualquier precio, puesto que las propuestas no se aprueban recurriendo al rodillo de la mayoría absoluta. El gabinete de Urkullu ha frenado la posible vía de desgaste que le podía venir por ese flanco, y no hay que hacer demasiada memoria para recordar que la legislatura comenzó con EH Bildu acusando al Ejecutivo de actuar de manera autoritaria y sin practicar el auzolana.

Los cuatro debates

El primer acuerdo unánime ha cuajado en la ley de disposiciones generales, que regula el procedimiento para crear leyes y decretos. La consejera Garamendi puso en valor que habrá una consulta previa a la ciudadanía para preguntar por la conveniencia de las leyes que se van a implantar, habrá evaluaciones de impacto de género, tramitación digital y un informe de la comisión de gobiernos locales.

La de desarrollo rural, del departamento de Arantxa Tapia, fue transaccionada también con el PP aunque finalmente se abstuvo porque cree que la creación de Lurralde invade competencias forales. La ley permitirá que el sector primario reciba precios por encima de los costes de producción para que su actividad sea viable, habrá colaboración institucional y se actuará para que el medio rural viva en igualdad de condiciones con el urbano.

En cuanto a la protección de animales domésticos, se establecen sanciones de hasta 100.000 euros por abandono o por dejar en la calle comida envenenada. Los jeltzales pusieron en valor el “sudoku complejo” que supuso aceptar o transar el 52% de las propuestas de Podemos, el 66% del PP y el 83% de EH Bildu. La negociación amplió la aplicación de esta ley: primero contemplaba solo a las mascotas, en referencia a gatos, perros y hurones, pero después añadió a los caballos, cabras y ovejas. Los establecimientos no podrán exhibir ejemplares vivos en los escaparates. Sobre los deportes, se exigirá de manera progresiva desde 2026 un perfil B2 a monitores y entrenadores que ejerzan en el sector público.