El Govern aprueba el decreto que rechaza el 25% de español

El Govern aprobó ayer lunes un decretoley que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

Lo anunció la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se reuniera de forma extraordinaria para aprobar este decreto, un día antes de que finalizara el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.

El decreto también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

La intención inicial del Govern era que antes de aprobar este decreto el Parlament diera luz verde a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comunes, y que quedara aprobada esta doble respuesta a la sentencia del 25% antes del plazo fijado por el TSJC.

Sin embargo, la petición de Vox, C's y el PP de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha retrasado la aprobación de la ley del catalán en el Parlament y el Govern ha decidido anticiparse e impulsar el decreto antes de finalizar el plazo del TSJC.

Así, una vez aprobado en el Consell Executiu extraordinario, la Generalitat dará las instrucciones "muy claras y con muy poco margen de duda" a los centros educativos para aplicarlo.

Plaja destacó que este decreto permite salir del "callejón sin salida" que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, contestó que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana.

"Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias", añadió, y recalcó que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.

La portavoz argumenta que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que "fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana", y considera que se garantizará que las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza en Catalunya.

Sobre qué apoyos prevén en el Parlament para convalidar el decreto, la portavoz del Ejecutivo afirmó que ya están trabajando para lograr estos votos y defendió que es un buen decreto, por lo que cree que se podrá validar "sin problemas".

catalán, lengua vehicular

El decreto ley, firmado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, consta de cuatro artículos y en el primero expone que el objetivo de esta iniciativa es fijar los "criterios aplicables en la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión" de los proyectos lingüísticos de las escuelas.

De esta manera, en el segundo artículo establece que el primero de estos criterios es que el catalán debe ser la "lengua propia, lengua normalmente utilizada, lengua vehicular y de aprendizaje, y lengua de uso normal en la acogida del alumnado".

También plantea el texto que se debe garantizar que los alumnos alcancen el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, y subraya la necesidad de que se analice el entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística "para garantizar la eficacia de los proyectos educativos y lingüísticos".

Archivada la causa de Torrent. El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha archivado provisionalmente la investigación por el espionaje con el software Pegasus al conseller Roger Torrent y al concejal de ERC Ernest Maragall. Fuentes jurídicas explicaron que el juez ha dictado este archivo provisional a la espera de que Israel responda a la comisión rogatoria para esclarecer el espionaje. El juez esperaba esta información de Israel desde hace más de un año y medio, cuando hizo el requerimiento para investigar el caso.