bilbao - El preso disidente de ETA Kepa Pikabea mantuvo ayer un encuentro en la cárcel de Zaballa (Araba) con Miguel Madariaga Lope, ex guardia civil que resultó herido en un atentado cometido por la organización armada en febrero de 1979 en Andoain. La reunión fue a petición del exagente policial y a su celebración accedió el recluso guipuzcoano con la condición de que fuera privada y confidencial. Madariaga fue acompañado hasta la prisión alavesa por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

El encuentro no se enmarca en los talleres restaurativos entre presos disidentes de ETA y sus víctimas que tuvieron lugar en la legislatura del presidente Zapatero en la ya desaparecida prisión de Nanclares.

Fuentes de Covite señalaron a este diario que Madariaga se presentó ante el preso con documentación relativa al atentado perpetrado por ETA en octubre de 1980 en Eibar que segó la vida del estanquero Carlos García Fernández, al objeto de intentar aclarar la identidad de sus autores. Según este relato, el expolicía endosa una parte de responsabilidad a Pikabea, entre otros, razón por la que solicitó mantener el encuentro, a lo que el recluso accedió. La conversación debía mantenerse en privado y en confidencialidad absoluta, según relataron a este diario desde la familia del preso, aunque el entorno de Madariaga aireó el encuentro y el contenido de la entrevista, así como las supuestas confesiones del recluso, que no han podido ser contrastadas por este diario.

Pikabea es desde hace años uno de los principales representantes del sector disidente de ETA acogido a la denominada vía Nanclares, grupo en el que también están encuadrados Carmen Gisasola, Rafael Caride o Joseba Urrosolo, entre otros. Su desvinculación de la banda armada y la petición de perdón a las víctimas le ha permitido disfrutar en el pasado de varios permisos de salida de prisión que ha cumplido sin incidencias.

Varias asociaciones de víctimas han iniciado una campaña para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, de los que 134 habían prescrito ya a finales de 2011, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores.