madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dio ayer carpetazo a la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 que se estrelló en 2003 en Turquía, al considerar que el siniestro lo provocó la falta de preparación de la tripulación de la aeronave. Por ello, exime de responsabilidad penal "relevante" a los seis altos cargos militares imputados. Así lo acuerda el magistrado en un auto notificado ayer, en el que desoye las peticiones del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, y de varios de los familiares de los 62 soldados muertos el 26 de mayo de 2003, que le pidieron que llevara a juicio por homicidio por imprudencia grave a seis mandos de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo.

Marlaska, aunque reconoce la gravedad del siniestro, considera que los seis altos cargos militares imputados no tenían capacidad para haber evitado el accidente con alguna actuación suya, y concluye que en ellos no hay "reponsabilidad penalmente relevante". Sin embargo, no descarta que pudiera existir "cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", sin especificar de qué tipo.

Basándose en un informe pericial de la Comisión de Investigación, sostiene que no fueron las circunstancias de mantenimiento de la aeronave las causas ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características del de Trebisonda, con una dura orografía montañosa. Con estos argumentos, Marlaska rechaza el criterio de la Fiscalía, que sostuvo que había indicios para llevar a juicio por imprudencia grave a los "responsables militares" de la contratación del Yak-42 al estimar que su "absoluta falta de diligencia" se encuentra en el mismo origen del siniestro.

Esta causa era la única pendiente relacionada con el controvertido accidente ocurrido en Turquía, que arrojó la elevada cifra de 62 militares y 13 miembros de la tripulación muertos. La pieza que investigó las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los fallecidos se cerró en 2009, cuando la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro, y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez. Contra la resolución del juez Marlaska, no obstante, aún cabe interponer recurso de reforma ante el propio magistrado, y de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.