Gasteiz. La futura ley vasca contra el dopaje en el deporte, que extiende los controles antidopaje a las pruebas no federadas, podría aprobarse de manera definitiva el 21 de junio en el Parlamento vasco. La Comisión de Cultura de la Cámara dio luz verde ayer al dictamen del proyecto de ley con un consenso "muy amplio" tras aceptarse alrededor de 65 enmiendas de PNV y del PP. Una de las características del texto es que será de aplicación en el deporte federado y no federado, y que prevé sanciones de hasta 50.000 euros para los médicos que faciliten sustancias dopantes.

Tras superar el penúltimo trámite parlamentario antes de convertirse en ley, el presidente de la comisión, Benjamín Atutxa (PSE), valoró en los pasillos de la Cámara el "salto cualitativo" que, a su juicio, supondrá la ley en la lucha contra el dopaje una vez que entre en vigor. Así, opinó que puede ser un paso "muy importante" para intentar hacer frente a nuevas sustancias que aparecen cada día para tratar de sortear la legislación contra el dopaje. Por su parte, la parlamentaria socialista Cristina Laborda destacó el hecho de que la ley desarrolla a nivel jurídico la potestad de Euskadi para poder sancionar administrativamente a aquellos deportistas que se dopen.

Hasta ahora, la CAV no podía imponer multas por dopaje porque no existía un desarrollo legal sobre este aspecto y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha llegado a anular sanciones interpuestas por el Gobierno vasco a deportistas que habían dado positivo en pruebas antidopaje. La futura ley contempla multas de entre 3.001 y 12.000 euros a los deportistas que consuman, posean y administren sustancias dopantes, así como a los centros deportivos que las comercialicen o distribuyan bajo cualquier modalidad. También prevé multas aún mayores para clubes deportivos y médicos. En el caso de que esté involucrado un menor en el dopaje, se elevarán a 50.000 euros y, si no, podrán ascender a 24.000. Para técnicos, jueces, personal directivo y entidades organizadoras las sanciones podrán ser de 12.000 euros.

Por su parte, Peio Iparragirre (PNV) indicó que está conforme con lo aprobado de manera parcial porque "hay muchas lagunas que se han quedado sin concretar", entre ellas el aspecto referido a la regulación de las autorizaciones de medicamentos de uso terapéutico. En cuanto a las sanciones, se amplía la tipificación de las infracciones y sanciones de la ley de 1998 y se ajusta a las necesidades que han ido surgiendo.