Vivencias silenciadas del último estado de excepción franquista (II)

Tres semanas después llegó la declaración de materia reservada toda información que hiciese referencia a hechos que tuvieran relación con la realidad que se estaba viviendo en las dos provincias vascas. Con esta medida se consiguió que tan solo las personas directamente afectadas (unas 2.000) y sus familias supieran lo que estaba sucediendo, así como por testimonios directos e indirectos del grupo de abogados “Pro-Amnistía” dispuestos a colaborar en llevar casos de personas detenidas por causa política y/o sindical.

Del extenso informe que recogimos diferentes abogados en ejercicio, podría destacarse lo siguiente:

•Durante el primer mes, hubo cientos de personas detenidas y no introducidas en Comisaría. Algunas de las que pernoctaron en la Plaza de Toros de Bilbao nos dijeron que habían permanecido más de 24 horas retenidas por el hecho de carecer de documentación, ser de aspecto “sospechoso” o, por haberse dirigido a los uniformados a hacer preguntas sobre qué estaba pasando.

•De las 2.000 detenciones realizadas fueron tan sólo 65 las que pasaron a la prisión provincial de Basauri, de las cuales 62 fueron puestas a disposición de la Jurisdicción de Orden Público.

•Mención especial, la derivada de la detención y graves lesiones sufridas estando en los locales de la Jefatura Superior de Policía, c/Gordóniz 8 y en Alda. San Mamés 41, de Bilbao, los días 8 y 9 de mayo, el entonces sacerdote D. Eustasio Erquicia Almandoz, trasladado al Hospital muy grave, lo que suscitó una querella interpuesta por 39 Abogados y Abogadas en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya contra el Jefe de la Brigada Regional de Investigación Social, del Cuerpo General de Policía de la Plantilla de Bilbao, y cuantos funcionarios de dicha Brigada y cuantas personas se revelara en el curso del procedimiento, por su participación como autores, cómplices o encubridores de los hechos lesivos.

•El 14 de mayo, a las seis y media de la mañana, la Guardia Civil, en Gernika a plena luz del día después de un tiroteo con un comando de ETA, se produce el asesinato de dos personas Iñaki Garai Legarreta a quien alcanza una ráfaga de metralleta en el estómago y dejan agonizando unas dos horas, y a su esposa Blanca Saralegi Allende, abatida con dos sendos “tiros de gracia”.

•Un joven fugitivo desde Gernika, herido en una pierna, y desarmado, con los brazos en alto a quien la Guardia Civil acribilló a muerte, junto al caserío doble, habitado por el jubilado de AHV de 69 años, Hipólito Bustinza y otras tres caseras más que nada sabían de lo ocurrido en Gernika, fueron detenidos, maltratados, ingresados en la cárcel de Basauri, a disposición de la Jurisdicción Militar (Hipólito Bustinza, con dos costillas rotas en su haber).

•El 23 de mayo por la noche, resulta asesinado en el cuartel de la Guardia Civil en Ondarroa “por accidente” el joven estudiante Luis Arriola.

•En casi el 75% de las personas detenidas se sobrepasó con creces el periodo de 72 horas de su detención en la Comisaría o cuartelillo de la Guardia Civil. Para un buen número de personas el trato fue calificado de brutal, sometido a graves golpes, malos tratos, amenazas, vejaciones e incluso torturas.

•Entre los días 7 al 13 de mayo, cada madrugada, grupos “parapoliciales” protagonizaron agresiones, ametrallamientos a comercios y bienes de familiares de personas huidas o vinculadas con ETA, despachos de abogados laboralistas o simplemente personas nacionalistas vascas, vinculadas con la cultura, las libertades de expresión, librerías, círculo de lectores en euskera “IKER” o la Distribuidora de libros San Miguel, causando además cuantiosas pérdidas económicas.

El Decreto-ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo, a tres meses del fallecimiento del dictador, supuso de hecho una agravación del régimen policial extendiéndola a nivel del Estado. Se contiene en cuatro páginas del BOE num.205, pp18117 a 18121.

Por el artículo 1, La autoridad gubernativa pudo practicar detenciones y sancionar hasta con la pena de muerte, previa tramitación en menos de un mes, de los consejos de guerra que culminaron con el fusilamiento de los militantes de ETA Ángel Otaegi Etxeberria y Juan Paredes Manotas y de tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975.

•Al 27-8-75, en la prisión de Basauri pasaron de 65 a 180 las personas ingresadas. Entre ellas se encontraban 110 nacionalistas vascos, de los que 40 estaban sin relación específica con un grupo ilegal concreto, 34 pertenecían a ETA (11 militares y 23 político-militares) y los restantes 26 relacionados con grupos sindicales (IASE (¿?), LAB y STV). En la sección de mujeres se encontraban 44 detenidas, de ellas 29 abertzales.

VIVENCIAS SILENCIADAS

Tres meses después, al fallecimiento de Franco y subida al trono como Rey D. Juan Carlos I, se concedió un indulto. Pero la represión sufrió una vuelta de tuerca más, sin precedentes, motivando diversos escritos desde distintas instancias ciudadanas, tales como Colegios de Abogados, de Médicos, de Arquitectos Vasco-Navarro, de Gestoras Pro-Amnistía… dirigidos al Rey, sin obtener respuesta alguna.

Las vivencias silenciadas de la represión franquista al desafío de ETA, fueron transcritas en varios dossiers y en copia entregados al Euskadiko Artxibo Historikoa-Archivo Histórico del Gobierno Vasco (Fondo del Departamento de Presidencia P133/2-4), así como en el Centro d’Estudis sobre las Èpoques Franquista i Democrática, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB/CEFID), a fin de propiciar una historia veraz, para una justa reparación, desenmascarando la verdad de las brutales represiones del tardo franquismo y postfranquismo, contra el Pueblo Vasco, haciendo posible ubicarnos en una memoria histórica más completa sobre nuestros País.