Ha pasado inadvertido, como un momento de zozobra más en la estabilidad del Gobierno español. Pero, la pasada semana, el riesgo fue real. Con el circo montado alrededor de las medidas fiscales que in extremis aprobó el Congreso de los Diputados, se bordeó el abismo del final abrupto de la legislatura y con él, la convocatoria de elecciones anticipadas.

No sé si todos los que se dicen “socios” del gobierno de Pedro Sánchez fueron conscientes de la circunstancia –a tenor de algunos comportamientos dogmáticos, interpreto que no– pero si el decreto presentado en segunda instancia en la Cámara no llega a ser respaldado (impuesto a las grandes corporaciones como trasposición de normativa europea entre otras medidas), el ejecutivo de Sánchez incumpliría gravemente su previsión de ingresos y la senda de déficit pactada con la Comisión Europea. Y este organismo le requeriría una nueva senda de déficit y medidas de ajuste adicionales que imposibilitarían el presupuesto. Sin él, la legislatura se acabaría repentinamente con el horizonte espantoso de abrir de par en par la puerta de la Moncloa al populismo extremo de Núñez Feijóo, quien ya se frotaba las manos con tal circunstancia.

Pese a que el panorama se presentaba tan desolador, una parte de las formaciones políticas que sustentan al ejecutivo de Sánchez, no dudaron en jugar a la ruleta rusa con propuestas y planteamientos dogmáticos que estuvieron a punto de hacer zozobrar la embarcación de gobierno. Medidas ideologizadas y extremas que si bien marcaban perfil a los proponentes alejaban del acuerdo a otros susceptibles socios del gobierno, rompiendo una mayoría necesaria, que no lo olvidemos, Sánchez debe cuidar y cultivar, como bien dijera Urkullu, con todos y en todo momento.

Es decir, que mientras Bildu, Sumar o Podemos politiqueaban y sacaban pecho por imponer condiciones progresistas o acordes a sus planteamientos “de izquierdas”, tales exigencias imposibilitaban el consenso de otras formaciones como Junts o también el PNV que en ningún caso respaldarían semejantes reivindicaciones.

Conseguido un acuerdo mínimo en relación con el impuesto a la banca, el empecinamiento de algunos se centraba en la penalización fiscal a las empresas energéticas. La fórmula de cómo hacerlo les importaba poco. Bien mediante un nuevo impuesto o con la prórroga del actual gravamen, un modo irregular que deja a las comunidades vasca y navarra fuera de su ámbito de recaudación por no ajustarse al modelo impositivo que tanto el Concierto como el Convenio exigen de concertación.

Pero más allá del cómo se haga –que será fundamental para que el PNV pueda participar en la ecuación–, la penalización a las empresas energéticas se ha convertido en un órdago de los partidos de izquierda al gobierno. Un ultimátum que María Jesús Montero, la vicepresidenta económica y ministra de Hacienda, ha aceptado comprometiéndose a negociar y presentar antes de fin de año un nuevo decreto con tal regulación.

Este compromiso volverá a chocar con la negativa rotunda de Junts, que pretende salvaguardar con sus votos la inversión comprometida por Repsol en Tarragona para convertir los residuos de hidrocarburo en combustibles de nueva generación por importe de 1.100 millones de euros y que la empresa había amenazado con paralizar si se seguía adelante con la idea del impuesto.

Hay que tener en cuenta que, de no producirse las inversiones proyectadas, esta planta –la mayor que dispone Repsol en el Estado con más de 1.400 empleos directos– podría ceder su carácter estratégico trasladando tal proyecto a Portugal. Y eso para los catalanes de Junts son palabras mayores.

Pero, para quienes utilizan titulares de brocha gorda, el impacto económico de determinadas decisiones les importa un bledo. Lo suyo es la “coherencia de izquierda” y su herramienta un discurso de descrédito para quienes benefician al “oligopolio energético” entendido como un “negocio” de los “amigos” de las “puertas giratorias”. Mamarrachadas.

El impacto económico de lo “energético” en Euskadi es importantísimo. Según estimaciones fiables, el conjunto de las empresas vinculadas al sector energético dejan en la Hacienda foral de Bizkaia cerca de tres mil millones de euros anuales en impuestos, lo que supone un tercio de la recaudación global de este territorio. Tres mil millones solo en Bizkaia de los que, posteriormente salen los presupuestos públicos que dan vida a los servicios que todos disfrutamos. Por eso, cada vez que alguien criminaliza, desprecia o utiliza peyorativamente la importancia de este ámbito empresarial y económico, criminaliza, desprecia o critica peyorativamente una fuente básica del bienestar y el progreso de todos los que aquí vivimos. ¿Entendido, Matute?

Es por esto por lo que el PNV reclama que sean las propias instituciones vascas las que normativicen, regulen y apliquen en su caso un nuevo tributo que afecte al sector. No lo hace por capricho, ni por “amiguismo”, sino por responsabilidad de país.

Aunque a Matute no le importe, al PNV sí. De ahí que, en previsión de que en un futuro más o menos próximo, vuelva a repetirse el “zoco” reivindicativo vivido la pasada semana en Madrid, los nacionalistas hayan hecho, hasta en dos ocasiones, una seria advertencia al Gobierno español.

El primero en expresar el “aviso a navegantes” ha sido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar quien indicó que “si alguien cree que el PNV, por mantener una supuesta estabilidad en Madrid y en el Estado, va a plegarse a todo; el PNV se debe a Euskadi y a nadie más que a Euskadi. Y si vemos que los interese de Euskadi colisionan con la acción del Gobierno español o con las propuestas de sus otros socios, actuará y votará en consecuencia. Sin miedo y sin complejos. Por encima de todo están los interese vascos”.

Más concreto en el planteamiento fue Aitor Esteban, quien en la última sesión del Congreso de los Diputados y en respuesta a la comparecencia de Pedro Sánchez fue claro en su apercibimiento a la mayoría gobernante en España

“Algunos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno –aseveró el portavoz del PNV– no entienden que si el Ejecutivo va a continuar será porque nos conformamos todos con un mínimo común denominador. Si lo que pretenden es imponer su agenda a los demás, el PNV va a plantarse. Nos debemos única y exclusivamente a la ciudadanía vasca; esa es nuestra agenda, y no dudaremos en poner pie en pared”. “El Grupo Vasco no se siente ni obligado ni interpelado por sus urgencias –en relación con el acuerdo entre Podemos y el Gobierno español para crear un nuevo impuesto a las energéticas–. Por eso votaremos en contra de cualquier Decreto-ley que incluya un gravamen. Siempre les hemos dejado claro que estas figuras eludían el sistema de Concierto Económico y generaban una quiebra en el modelo, dejando al albur de lo que decida cada Gobierno central de turno que se gravase a la ciudadanía vasca sin recibir contraprestación, puesto que la recaudación iría a la Hacienda central. Hoy pueden ser las energéticas, mañana la industria del automóvil y pasado la sanidad. Vamos a defender el modelo porque para nosotros lo importante es Euskadi y su ciudadanía”.

La advertencia ha resultado clara y elocuente. Consta en el diario de sesiones y bien hará Pedro Sánchez y su gabinete en tenerla en cuenta.

La política española sigue emponzoñada en una vorágine de descalificaciones y de enfrentamientos destructivos que conducen a las instituciones a una inestabilidad permanente en la que el descrédito de la opinión pública a la acción de sus representantes gana terreno en beneficio del populismo y las opciones totalitarias. La crispación, las amenazas de corrupción, y la falta de una madurez democrática que imponga el sosiego, el diálogo y el acuerdo, conducen a la actual legislatura y a sus agentes por unos derroteros escabrosos donde cualquier incidencia puede hacer quebrar la frágil estabilidad por la que transitamos. Además, entre bambalinas, se intuyen movimientos telúricos a la izquierda del PSOE, donde habituales de contubernio se aprestan a propiciar nuevamente movimientos cainitas que vuelvan a fracturar a la gauche divine.

Por todo ello, quien gobierna en España debería atender seriamente las llamadas de atención que el PNV está haciendo en estos últimos días. Cualquier alternativa a la débil mayoría actual será peor y de mayor impacto negativo en Euskadi y en el Estado. De ahí que el PNV insista en la necesidad de fortalecer lo que nos une por encima de las diferencias legítimas que cada cual pueda tener. No es tiempo para la frivolidad. Ni para los complejos. Es tiempo de acordar. Todo, con todos y en todo momento.

Miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV