La aprobación de los presupuestos suele ser un trabajo largo y a menudo difícil cuando no se cuenta con la mitad más uno de los representantes en el Parlamento. Ha sido ésta la realidad con la que ha tenido que bregar el Gobierno Vasco esta legislatura en la que el PNV y el PSE están a un parlamentario de la mayoría absoluta y en la que cada ley y cada iniciativa ha tenido que contar con al menos un compañero de viaje de la oposición para su aprobación.

También ha quedado demostrado en los tres años que llevamos de andadura que no ha habido ni hay actualmente ninguna otra alternativa de gobierno, toda vez que la suma de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP se antoja imposible. Cierto es que han firmado iniciativas juntos como, por ejemplo, las conclusiones de la Comisión Parlamentaria que ha investigado el fraude de las empresas de catering en el asunto de los comedores escolares. Poco importó entonces que las conclusiones escritas por EH Bildu y Podemos fueran literatura de ficción y que las sumas presuntamente defraudadas se calcularan de forma nada rigurosa. En momentos como éste sí fue posible una entente entre los tres partidos de la oposición que perseguían como objetivo único el erosionar la imagen del gobierno y desgastar al Departamento de Educación, aun a costa de retorcer el relato de lo que realmente pasó. Las declaraciones todavía recientes de la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, institución que inició la investigación del caso, así lo atestiguan: “Los 80 millones de perjuicio por el cártel de los comedores escolares no tienen ninguna base”.

Sin embargo, a pesar de palos en las ruedas como este de los comedores escolares y otros de tinte similar, todos los compromisos del Programa de Gobierno están en marcha y el Parlamento ha podido legislar temas fundamentales que afectan a la transición energética, a los abusos policiales, a la defensa del patrimonio cultural o a los derechos de los transexuales, con aritméticas variables que han contado con la participación de alguno de los partidos de la oposición, siempre en función de la cercanía ideológica que cada grupo mostrara con la iniciativa.

Los Proyectos de Ley de Presupuestos que el gobierno traslada todos los años al Parlamento, en cambio, escapan desgraciadamente a esta lógica de funcionamiento y la variable que más afecta a su posible tramitación es el contexto político y las necesidades coyunturales de los partidos políticos. Así, al inicio de la legislatura, el gobierno pudo contar con la participación del PP para aprobar los presupuestos mientras Podemos y Bildu permanecían enrocados en su particular batalla por la hegemonía en la izquierda vasca. La colaboración con el PP, en cambio, dio un súbito vuelco en 2017 cuando la corrupción sistémica dentro de este partido y la falta de reflejos de Mariano Rajoy desbancaron a éste de la presidencia del gobierno español con los votos favorables del PNV.

Con el PP en contra, el equipo del consejero Pedro Azpiazu se volcó con el único socio posible para aprobar las cuentas, EH Bildu, toda vez que Elkarrekin Podemos ya se había levantado de la mesa a la primera de cambio. La negociación gobierno-Bildu fue larga; el equipo de Azpiazu puso todo la carne en el asador y se llegaron a tocar los límites presupuestarios ofreciéndole a Bildu unos aumentos importantes en las prestaciones de la RGI. Pero a EH Bildu le entró el pánico y en la pugna entre la ortodoxia y el pragmatismo ganó la primera (el bando de siempre) y los presupuestos se prorrogaron dejando un hondo sentimiento de decepción en el equipo del consejero mientras ELA sonreía en su sede central de Bilbao, satisfecho por ver que su tutela sobre la izquierda abertzale seguía cobrándose una nueva víctima: la independencia organizativa de Bildu y, de paso, los presupuestos para 2019.

Después de verano tocará de nuevo seguir con la ronda de contactos iniciada el mes de junio y los precedentes no son del todo halagüeños. Cierto es que a la vista de las previsiones que publican las instituciones, 2020 será un año en el que tanto la recaudación fiscal como la economía en su conjunto van a crecer saludablemente en Euskadi. El crecimiento se estima en un 2,2% para nuestro país, por encima del 1,9% de la Unión Europea de los 28, lo que generará un aumento de 300 millones en la recaudación fiscal (a falta de confirmación oficial por parte del Consejo Vasco de Finanzas en octubre de este año).

Unos presupuestos expansivos dan a priori más margen para la negociación, pero la realidad financiera hay que analizarla teniendo en cuenta todas sus variables, dado que detrás de los grandes números hay siempre una realidad compleja.

En esta ronda de contactos abierta antes de verano, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y su equipo han explicado a los partidos el contexto económico y los márgenes dentro de los cuales podrá moverse la negociación presupuestaria en octubre; y la síntesis de lo que les ha expresado en estas reuniones es que del previsible aumento de recaudación de 300 millones de euros, solamente quedarán disponibles 30 millones aproximadamente si restamos los aumentos salariales comprometidos en la función pública y las necesidades presupuestarias que genera el envejecimiento de la sociedad.

Limitaciones aparte, seguirán siendo unos presupuestos enormemente sociales, con un 75% de gasto en políticas sociales (más de la mitad del total va destinado a Osakidetza y Educación), que tratarán de consolidar la incipiente recuperación económica mediante políticas de estímulo a la innovación, la excelencia en el ámbito educativo y la igualdad entre hombres y mujeres. Estos objetivos han sido incluidos en las Directrices Económicas presentadas por el gobierno, y en principio la música le suena bien a la oposición. Toca, pues, entablar un diálogo sincero entre todas las partes implicadas en la futura negociación, conscientes de que prorrogar por segundo año un mismo presupuesto va a perjudicar al país mucho más que al gobierno y conscientes también de que la opinión pública vasca premia más la corresponsabilidad y la alta política que los discursos efervescentes que se quedan en nada.

Pedro Azpiazu ha dejado la puerta del Departamento abierta durante el verano para que cualquier grupo político pueda hacer aportaciones al presupuesto antes de que sea presentado en octubre. Es una oportunidad muy pocas veces ofrecida por ningún gobierno y una forma de corresponsabilizar en la gobernanza del país a unos partidos de la oposición que han mirado hacia otra parte en demasiadas ocasiones durante esta legislatura. Abandonando posturas dogmáticas y estrategias electoralistas, el acuerdo en los presupuestos es posible.

Podemos mostrar al mundo que en Euskadi las cosas se hacen de otra forma, conformando espacios de colaboración reales entre gobierno y oposición, dando soluciones factibles, graduales y eficaces a los problemas que hay en nuestra sociedad. El borrador de la Ley de Presupuestos de 2020 está siendo elaborado en estos momentos. Ahora toca decidir.