CUANDO el empleo no aumenta, la economía solo crece en la medida en que lo hace la productividad del trabajo. Los datos de los últimos 50 años indican que el empleo y el crecimiento solo se relacionan de forma positiva cuando el crecimiento es superior al 2%. Por debajo de esa cifra, todo el crecimiento es resultado del aumento de la productividad, no de empleo nuevo. Para el año próximo, las expectativas oficiales estiman una creación de unos 32.000 puestos de trabajo a tiempo completo y un crecimiento económico de un 0,7%, una cuarta parte del cual correspondería al valor añadido por los nuevos empleos y el resto a incrementos de la productividad. Toda una novedad de creación de empleo con bajo crecimiento que, se afirma, deriva de las "reformas estructurales".
En la economía española, la creación y destrucción de empleo es muy fuerte en cada fase del ciclo económico; entre 1975 y 1985 se destruyeron más de 2,1 millones de empleos, que se recuperaron entre 1986 y 1991 (2,4 millones). La crisis de 1992-94 destruyó 650 mil empleos, y en los tres años siguientes se creó un millón de puestos de trabajo. La burbuja del euro permitió crear cerca de seis millones de empleos, y el pinchazo de la misma lleva destruidos 3,5 millones. La reforma laboral reconoce este fuerte impacto del ciclo económico en el empleo, pero aplica una medicina equivocada.
Los economistas neoliberales consideran que el problema se resuelve flexibilizando el precio del trabajo: si se consigue un sistema en el que los salarios (precios) se reduzcan en las fases de contracción económica, dicen, la destrucción de empleos (cantidad) sería mucho menor; en la recuperación, si los salarios crecen, la creación de empleo también sería menos acusada. De este modo se quiere reducir la variación cíclica del volumen de empleo.
El problema con este diagnóstico es que no son los salarios los que determinan las variaciones en el volumen de empleo, sino otros dos factores:
Uno, estructural, el tipo de actividad productiva vigente en una economía. Una economía basada en la producción agrícola y los servicios turísticos y la construcción, como es la de gran parte del levante y sur español, siempre va a ajustar las cantidades de empleo en función de la coyuntura económica. Por eso, economías como la vasca, con un mayor peso de la industria y los servicios a las empresas, generan menores variaciones coyunturales en el empleo.
El otro factor, coyuntural, que determina el volumen de contratación es la rentabilidad esperada de las inversiones. El mercado solo contempla la rentabilidad económica y esta depende del precio y del volumen de las ventas. Y es aquí donde la medicina de la reforma laboral es más perniciosa porque, al provocar una contracción salarial, reduce el peso de la demanda doméstica y, por tanto, las expectativas de ventas y de beneficios. Se argumenta del lado de los reformadores que las empresas pueden beneficiarse de la reforma laboral ya que al reducir sus costes salariales mejoran sus posibilidades de colocar parte de su producción en los mercados exteriores. Pero en el caso de la economía española esto solo afecta a un grupo muy reducido de actividades que cumplen dos características: solo las empresas y sectores económicos exportadores con poca competencia en países de salarios bajos y con una alta participación de los salarios en sus costes totales se van a ver beneficiados por esta orientación de la política salarial (parte de la agricultura, parte de la industria, turismo). Para la mayoría, la evolución del crédito y de la demanda doméstica serán siempre más determinante.
Por lo tanto, la evolución del trabajo en el mercado, previsiblemente, nos aboca a una década (nos queda un lustro) de recesión y destrucción de empleo. ¿Significa esto que los gobiernos no pueden hacer nada, salvo encomendarse a Santa Rita y a San Judas Tadeo? Entre "crear las condiciones para que se cree empleo" y "crear empleo" se encuentra la línea de demarcación ente quienes consideran que la actuación pública se tiene que limitar a apoyar al mercado y quienes asignan un papel más activo al Estado.
En las economías modernas, una parte significativa del empleo no se genera en el mercado, para satisfacer la rentabilidad económica privada, sino en el sector público, para generar rentabilidad social. De hecho, la construcción de las administraciones públicas autonómicas fue una fuente primordial de generación de empleo sobre todo en la fase de expansión asociada a la entrada al mercado común europeo y a las ayudas comunitarias (1986-91).
Las necesidades sociales insatisfechas son muchas en un Estado que nunca completó la modernización asociada a la protección social universal, garantía del nivel de vida de los ciudadanos. Hay ahí un nicho de empleo muy importante, prácticamente la única posibilidad de recuperación masiva del empleo a corto plazo. Sin embargo, hay dos graves dificultades para que se apliquen las necesarias políticas de generación de empleo en el sector de los servicios públicos y las infraestructuras. Una es de tipo político-ideológico; la crisis está siendo aprovechada como coartada para imponer un régimen laboral a los trabajadores europeos que anuncia el final de la época de los pactos sociales y la negociación colectiva como principal procedimiento de distribución de la renta nacional. Profundizar en este nuevo régimen requiere niveles elevados de desempleo para limitar la capacidad de respuesta colectiva. Además, al igual que ocurriera en Iberoamérica en los años 80 y 90, la privatización de sectores enteros del Estado es una imposición de las grandes corporaciones beneficiarias de ese proceso al obtener nuevas fuentes de rentabilidad mercantil en un panorama de crisis global de rentabilidad que vive el mundo desarrollado. Siendo, por tanto, el neoliberalismo la doctrina oficial en Europa, la expansión del sector público es algo que simplemente no se contempla entre las opciones disponibles.
El otro problema deriva de peculiaridades hispanas de la crisis, que se traducen en un enorme impacto en las haciendas públicas. La caída en la recaudación desde 2008 ha reducido los ingresos fiscales en 40.000 millones de euros anuales y no tiene parangón en ningún otro país de Europa. Solo Irlanda tiene una carga fiscal más reducida que la española (33% del PIB), muy lejos de la media de la eurozona (41%).
Una reforma en profundidad legal y administrativa de la Hacienda española que aproximase la carga fiscal a la media europea permitiría recaudar unos 80.000 millones de euros al año, con lo que se podría generar en torno a un millón y medio de empleos en cubrir las necesidades de las personas y desarrollar infraestructuras productivas y sociales.
El problema es cómo y dónde recaudar; a la tradicional evasión fiscal se añade que, desde mayo de 2009, el crédito a las empresas se ha reducido en 143.000 millones de euros. Con una estructura empresarial basada en tres millones de microempresas de situación financiera frágil y cuatro mil grandes empresas fuertemente endeudadas, muchísimas empresas, enfrentadas al cierre del crédito, han dejado de pagar los impuestos que les tocan (sociedades) e incluso han dejado de ingresar el impuesto que cobran a los consumidores por cuenta de Hacienda (IVA) que se usa en muchos casos como sustituto de urgencia de las líneas de financiación desaparecidas.
Pero a pesar de los más de 200.000 millones de euros inyectados en la banca desde que esta empezara a recortar el crédito, este no se ha normalizado, pues se han utilizado para financiar el creciente endeudamiento público, en una clara manifestación de la total incompatibilidad para los países sobre-endeudados de la eurozona, de generar empleo y pagar las deudas al mismo tiempo. A diferencia de Estados Unidos o Gran Bretaña, aquí no tenemos la opción de monetizar la deudas (hacerles perder valor vía inflación fabricando billetes de curso legal). La única alternativa, reclamar una reestructuración de la deuda pendiente, está obturada por el procedimiento establecido para aplicarla (el rescate de la troika, que se acompaña de una aceleración de las privatizaciones y destrucción de la autonomía del estado). ¿Una situación sin salida? Salvo rupturas insospechadas, así es, al menos en los próximos años.
