Es un buen día para decirlo. Una Tercera República en el Estado español podría defenderse no como una ruptura con la actual democracia, sino como una oportunidad para profundizar en los valores democráticos. La jefatura del Estado debe surgir de la voluntad ciudadana y no de la herencia. En una democracia madura, muchos consideramos más coherente que la máxima representación institucional sea elegida con criterios de responsabilidad pública, transparencia y ejemplaridad. La Monarquía española no es precisamente modelo de tales características. No obstante, plantear la llegada de una nueva república solo tiene sentido si preserva lo mejor del sistema actual. Las libertades, el pluralismo político, la integración europea y el progreso social son innegociables, a pesar de los actuales vaivenes políticos donde la confrontación es el pan de cada día. Cualquier cambio institucional no debe poner en riesgo los logros conseguidos. Por eso, una propuesta republicana razonable debe ser reformista y plenamente democrática, alejada de aventuras rupturistas o polarizadoras. Además, la estabilidad económica es prioritaria. Una transición hacia una república solo sería defendible si garantiza seguridad jurídica, respeto a la propiedad, continuidad de compromisos internacionales, disciplina presupuestaria y permanencia en la UE y el euro. Se trata de modernizar las instituciones. El ideal republicano debe asumir más igualdad, más rendición de cuentas y la misma voluntad de estabilidad, prosperidad y convivencia que exige cualquier democracia avanzada.