Muchas veces, las formas dicen casi tanto como el fondo. Es importante, claro que sí, el sentido de la decisión que tomará el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, pero no es asunto menor que se nos haga saber a través de la filtración del borrador de la ponencia correspondiente. No por repetidas, las filtraciones de asuntos judiciales dejan de ser menos escandalosas. Que esta provenga del mismísimo órgano de garantías eleva el bochorno a la enésima potencia. Pero a nadie se le cae la cara de vergüenza ni se ponen en marcha los mecanismos para localizar y sancionar a quien ha sacado de extranjis un texto que debería ser estrictamente confidencial para su difusión a los cuatro vientos. Apuntado lo anterior, la resolución que nos anticipa el borrador tiene bien poco de sorprendente. Desde que existe, los fallos del Tribunal Constitucional vienen obedeciendo a su mayoría imperante. Desde la última renovación, ya sabemos que la aritmética está del lado de los llamados progresistas. Y eso se traduce con precisión milimétrica en que las decisiones se inclinan hacia los intereses o las necesidades del actual Gobierno español. El PP puede coger el perrenque que quiera o, incluso, ponerse antisistema con graves descalificaciones de la institución, que no se nos pasará por alto la dureza del rostro que le echan. Primero, porque en los muchos años de mayoría conservadora, las sentencias caían del lado genovés y entonces les parecía la expresión máxima del imperio de la ley. Segundo, y más determinante: este Constitucional es el que se repartieron a pachas con el PSOE. Así que están de más las sobreactuaciones. Como bote final, anoto el único dato que, más allá de algunas incongruencias argumentales, a servidor le resulta llamativo de los casi doscientos folios redactados por la magistrada Inmaculada Montalbán: se pasa palabra sobre el delito de malversación, con lo cual Carles Puigdemont, principal motor de la ley, queda sin amnistía. Paradójico.