La Eurocámara se pronunció ayer por primera vez contra las prácticas del régimen marroquí contra la libertad de expresión, intimidación y acoso a los informadores e insta a vigilarlo en materia de derechos

La intención del Gobierno español de crear un macrocentro de refugiados en Gasteiz vuelve a ser una decisión unilateral que afecta a una competencia transferible y que condicionaría la gestión posterior

La estrategia de sostenibilidad energética no puede ceder a debates hiperlocales sobre los proyectos de generación sino aspirar al equilibrio de bienestar, desarrollo y reducción de los impactos ambientales

El episodio del protocolo antiaborto en Castilla y León retrata el coste de aliarse a la ultraderecha y la escasa calidad política que acaba instrumentalizando un asunto que precisaría estabilidad y amparo

Las investigaciones sobre el asalto bolsonarista a los tres poderes del país apuntan a que el ataque no fue espontáneo sino que estuvo diseñado, dirigido y ejecutado por el entorno del expresidente

El nuevo protocolo antiabortista impulsado por Vox en Castilla y León sobre atención a embarazadas pone en evidencia al PP y su estrategia de culpabilizar y chantajear a la mujer

La diplomacia a conveniencia económica o estratégica consolida regímenes autoritarios y violaciones de derechos que son el precio inaceptable de una errónea percepción de seguridad que acaba por fallar

La renovación del Constitucional no garantiza la despolitización de sus miembros mientras sigan actuando monolíticamente en bloques identificables o proyecten lecturas propias del debate político

La sentencia del Supremo cierra un caso de corrupción reprobable al que las instituciones vascas y el PNV respondieron con presteza y contundencia pese al reproche político que los hechos no justifican

Los altos índices de consumo de drogas, en especial alcohol, tabaco y cannabis, y su precoz iniciación entre los adolescentes vascos debe activar las alarmas por su alto coste personal y social

Tras el fin de la política de dispersión y alejamiento ya sin ETA, los presos deben poder optar a beneficios penitenciarios si tienen derecho a ellos y cumplen los requisitos fijados en la legislación