LAS previsiones recaudatorias aprobadas ayer en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) permiten extraer conclusiones sobre la solvencia y perspectiva del sistema fiscal que se aplica en los tres Territorios Históricos. El análisis es oportuno en un momento de debates sobre la eventual orientación de una revisión del modelo fiscal, que está comprometida por los socios de gobierno de las tres diputaciones y el Gobierno, PNV y PSE. Para llegar al fondo y no perderse en el ruido es preciso que los dogmas se sometan a los datos. Este es el caso del llamado impuesto a las grandes fortunas aprobado en el Estado y su aplicación por parte de las Haciendas vascas. La demanda de su transposición íntegra la encabeza EH Bildu pero faltan cifras cuando afirma que se intenta eludir para favorecer a las rentas patrimoniales elevadas. Ayer, tras la reunión del CVFP se trasladó la comparativa que debería agotar el debate: la aplicación del impuesto estatal a las grandes fortunas en los términos aprobados en Madrid supondría una reducción del 30% de la recaudación del Impuesto de Patrimonio foral. Junto a este, otro debate recurrente es la oportunidad de la deflactación del IRPF para minorar el impacto de la inflación, como se aprobó también ayer, aplicando un 2,5%. El reproche de su falta de progresividad –en tanto que se aplica el mismo porcentaje a todos los tramos– cabe analizarlo también. La progresividad en el IRPF no radica en el ajuste a la inflación sino en virtud de los tramos de renta y los tipos fiscales aplicados a cada uno. En ese sentido, las Haciendas Forales aplican un mayor número de tramos que la Agencia Tributaria entre las rentas medias y bajas, lo que favorece una mayor progresividad en el esfuerzo fiscal. A falta de las conclusiones del estudio prometido, las cifras pronostican que el panorama fiscal vasco es estable, con incrementos de recaudación del 5% para el año próximo, merced la actividad económica y la demanda interna –IVA e impuestos especiales y a la electricidad–. El incremento de aportación de las personas físicas se prevé inferior y alcanza el 3,2%. Lo que sí es oportuno tener a la vista es el escaso aumento –del 0,5%– de la aportación por los beneficios de las empresas, lo que indica que las tensiones sobre el sector productivo no se van a despejar aunque su actividad sea sólida.
