LA campaña de huelgas en el sector público vasco alcanza esta semana su principal hito con la convocatoria general de mañana, que culmina un ciclo de movilizaciones sectoriales previas y posteriores. La intervención pública del lehendakari, Iñigo Urkullu, con un artículo en las páginas de este diario en el que denunció lo que califica de discursos populistas que no conjugan el factor de sostenibilidad económica a la hora de propugnar el crecimiento de las estructuras públicas y su coste merece detenerse en ese debate con perspectiva. En primer lugar, la función de un sector público saneado y eficiente es la de servir a la ciudadanía, que es quien lo sostiene económicamente. Demasiadas veces se pierde de vista que los gobiernos son meros gestores de los recursos que esa ciudadanía dedica a financiar los servicios y que la calidad de estos no se mide por la escala salarial de los trabajadores públicos. El modo de servir a la ciudadanía es ofrecer un factor equilibrador en el acceso a esos servicios, de modo que derechos fundamentales como la educación, la sanidad y las condiciones de asistencia social, seguridad, etc., sean universales y compensen, con la aportación colectiva. las diferencias particulares de disponibilidad de recursos. La “propiedad” del sector público es, por tanto, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y, aunque no se verbalice, es a ellos a los que apelan las demandas de mejoras laborales; que es lógica, pero debe ser realista. La prestación de esos servicios está sometida a normativa legal legitimada por el mandato democrático. No cabe la unilateralidad de los gestores de lo público, las administraciones, a la hora de decidir su dimensión y estructura. Ni siquiera al decidir la extracción de recursos de la sociedad para financiar la prestación de esos servicios, en tanto el empleo, la actividad y la generación de esos recursos está en el otro plato de la misma balanza. Como sociedad, afrontamos el riesgo objetivo de que el ámbito de lo público pierda el vínculo imprescindible con la realidad sectorial que le afecta. Así, las condiciones laborales de la administración son ya vanguardia respecto a sus equivalentes –educación, sanidad, etc.– no públicos. El distanciamiento de este colectivo del conjunto de la sociedad que lo sostiene no ayudará a equilibrar, a compartir y a valorar la función pública.