LA sesión de apertura de las Cortes celebrada ayer, 85 días después de las elecciones del 10-N, al de 53 días del anuncio del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos (12 diciembre), al de 28 de la investidura de Pedro Sánchez (7 enero) y transcurridos 22 días desde que los ministros de su gobierno juraran sus cargos (13 enero); permite plantear la exigencia inmediata de que el inicio oficial de la XIV legislatura se acompañe de la acción gubernamental necesaria para el cumplimiento de los compromisos que lo han permitido. Por un lado, lógicamente, aquellos que el candidato Pedro Sánchez presentó al electorado y que incluían la revocación de las reformas legislativas emprendidas por los gobiernos del PP y más lesivas para los derechos sociales y laborales. Por otro, los que Pedro Sánchez acordó de modo previo a la investidura con quienes podían hacerla viable y entre estos la instauración de la vía del díalogo para solucionar el conflicto con Catalunya. En lo que respecta a Euskadi, la transferencia de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluida la gestión económica de la Seguridad Social, además de la disposición para hallar un nuevo estatus de autogobierno dentro de una imprescindible y profunda renovación del modelo territorial del Estado, también de algunas de sus instituciones y estructuras. Y si el proceso de diálogo en Catalunya, así como la necesaria reforma del Estado o en Euskadi la profundización en el modelo de autogobierno a través de las disposiciones constitucionales y estatutarias que lo permiten pueden precisar de más tiempo y por tanto de la aprobación de los presupuestos que asegurarían al Gobierno Sánchez una buena parte de la legislatura; el cumplimiento íntegro del Estatuto, cuando han transcurrido 40 años desde su aprobación, no admite la demora de un solo día más. Por el contrario, exige la puesta en marcha ya, desde la misma reunión prevista para mañana entre el consejero de autogobierno, Josu Erkoreka, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, de las vías de solución a los conflictos de competencias en curso, de la transferencia de aquellas competencias cuya parte técnica no reúne complejidad y ya se ha desbrozado y del impulso político del gobierno español a los plazos ya expuestos con anterioridad y que se confirmaron con la rúbrica del acuerdo entre Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar el 30 de diciembre, hace 36 días.