LAS reacciones a la sentencia por el denominado caso Miñano o De Miguel que tratan de extender sus consecuencias más allá de los condenados pese a que la misma hace exención expresa de cualquier relación del PNV con los delitos juzgados no hacen sino dar continuidad a una pretensión que ya estaba en el inicio de las investigaciones, hace una década. Cuando el 17 de marzo de 2010, a un año del triunfo electoral de Ibarretxe (38% de los votos) pero 10 meses después de que PP y PSE situaran a Patxi López en Lehendakaritza, se produjeron las ocho primeras detenciones, las mismas características de la operación policial ordenada por el fiscal Josu Izaguirre y el juez Roberto Ramos apuntaban en ese sentido. También lo hacía el ángulo desde el que dichas actuaciones se analizaron en determinados medios contrarios al nacionalismo vasco. La atribución primera de delitos -hasta 27 se llegaron a imputar a De Miguel- y el creciente número de investigados también dibujaba un intento de añadir gravedad y extender su efecto a otras instituciones, lo que posteriormente se reflejaría también en la petición inicial de penas. Por ejemplo, los 14 años que se solicitaron para el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, finalmente absuelto; o los 54 y 32 años (rebajados luego a 29 y 13 y ahora a 9, 7 y 6) para los tres principales encausados. Y baste como dato comparativo -obviando a formaciones políticas afectadas por casos mucho más graves- que ayer mismo la Fiscalía Anticorrupción pidió una suma de 26 años de cárcel para todos los 14 acusados de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta entre 2009 y 2013. Cierto, todo ello ni exime ni rebaja un ápice la culpa de los condenados por haber traicionado desde sus cargos públicos la confianza que les habían concedido la sociedad y el partido al que representaban (este, por cierto, llevó a cabo una depuración inmediata, sin equivalente en ninguna otra formacion política). Pero sí centra y explica el interés de las reacciones que, quizá por llevar a la política el consuelo del mal de muchos, pretenden e incluso exigen otras responsabilidades, en este caso inexistentes, desde los mismos partidos que sin embargo se han resistido y aún se resisten a purgar las propias aunque sean notorias o hayan sido explicitadas en sentencias de muy graves casos, no solo de corrupción.