EN torno a la exhumación hoy de los restos del dictador Francisco Franco Bahamonde y la expectación mediática que concita, ligada a la polémica política, es preciso realizar varias puntualizaciones. La primera, por su carácter extemporáneo. Los sucesivos gobiernos (7 presidentes en 14 legislaturas más la constituyente) desde el relevo de Franco en la jefatura del Estado por Juan Carlos de Borbón han tardado 43 años y 11 meses -incluyendo un cambio de siglo- en proceder a desalojar los despojos del genocida del mausoleo en su memoria que él mismo había ordenado levantar, lo que no confirma precisamente la definición democrática del Estado. Así que más que exaltar la exhumación cuando se realiza al fin, más que tarde, es preciso interrogarse sobre los motivos que la habían impedido. La segunda puntualización está ligada a esos mismos motivos, por cuanto el proceso final para el desahucio de los restos de Franco no se ha librado de la oposición de sectores e intereses de la política, la economía y la justicia que aún se pueden calificar de herederos de la dictadura o de conniventes con ella y que tras décadas de obligadas cautelas se ven arropados por el resurgir de la ultraderecha. Sectores e intereses que han sido todo menos ajenos a que hayan transcurrido 8 años desde la recomendación de exhumación realizada en 2011 por la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos creada por el gobierno de Zapatero, dos años y medio desde que el Congreso instara al gobierno de Rajoy a reformar la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos del dictador y más de un año desde que Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, prometiera en junio de 2018 llevarla a efecto. Pero, además, el desenterramiento del sátrapa al que cabe atribuir decenas de miles de asesinatos desde 1936 a 1975 se realiza hoy peor que mal, en plena precampaña y trufada de interés electoral, lo que la ha llevado a una exposición inaudita y la ha convertido en espectáculo carente de la prudencia exigible para evitar la exaltación del dictador y su ideología. La comunicación de la fecha con anormal antelación, la explicación previa y detallada del traslado a Mingorrubio, la retransmisión en directo por RTVE... que cabe achacar a Sánchez y su gobierno miran al 10-N, sin el necesario cuidadoso respeto a las víctimas de Franco y a los principios de la Memoria Histórica que, tras 44 años y una exhumación, sigue pendiente.
