LA polémica, forzada y contenida al mismo tiempo, en torno a la Ponencia de Autogobierno de la XI Legislatura constituida en el Parlamento Vasco, las bases para la consecuencia de un nuevo estatus de autogobierno consensuadas en la misma por PNV, EH Bildu y en parte por Podemos y los trabajos de los expertos designados por los partidos para elaborar desde ellas un texto articulado parece cerrarse, de momento, con la prórroga hasta el 30 de noviembre, a la que ningún grupo parlamentario, tampoco el PP, se ha opuesto. No es ajeno a ese cierre el hecho de que la controversia surgiera en plena campaña electoral, impulsada por unas inoportunas declaraciones de Arnaldo Otegi, y se azuzara convenientemente en tiempos de negociaciones poselectorales por Alfonso Alonso. Seguramente, tampoco la tentación generalizada de utilizar la ponencia, bien por su concreción en resultados o por la ausencia de esta, como motivo de debate ya en el periodo previo a las próximas elecciones al Parlamento Vasco que se abrirá a final de año. Sin embargo, el objetivo con que se constituyó el 3 de marzo de 2017, la elaboración de una nueva propuesta de autogobierno que presentar tanto al Estado como a la ciudadanía vasca, debería inducir a todos los partidos, sea cual sea su postura al respecto, a eludir la fascinación por las elecciones que somete cualquier actividad política a las citas con las urnas. Cuando se trata de hacer camino en la actualización al siglo XXI de las pretensiones y necesidades de la sociedad vasca en torno a su capacidad de gobierno y decisión, entroncada en el derecho foral durante siglos, ante la evidencia del incumplimiento por el Estado del Estatuto de Gernika aprobado en 1979 y aún hoy incompleto, el tiempo es un parámetro mucho más relativo que la profundidad y pluralidad del acuerdo. Aunque estas no puedan obstaculizarlo sine die ignorando una exigencia mayoritaria de la sociedad, es evidente que tanto una como la otra son imprescindibles para que, como cita el propio preámbulo de las bases sobre las que los expertos deben elaborar el texto articulado, el nuevo estatus se pueda plantear desde el reconocimiento del sujeto jurídico, mediante una relación equitativa con el Estado y con el blindaje del autogobierno vasco; lo que se antoja inviable desde la unilateralidad.
