LA designación ayer por la Ejecutiva Federal del PSOE de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el filósofo Manuel Cruz, como candidatos a presidir respectivamente el Congreso y el Senado se ha interpretado, por ser ambos catalanes y de perfil federalista, como un gesto hacia Catalunya tras el rechazo de ERC y JxC a que Miquel Iceta ocupara la presidencia de la Cámara Alta. Y, ciertamente, tanto Batet como Cruz presentan caracteres y matices políticos abiertos al diálogo y podrían dar base a dicha interpretación que, sin embargo, tampoco puede considerarse la única. No se puede obviar, por ejemplo, el interés de Pedro Sánchez por extender a las municipales los buenos resultados de las generales del 28-A en Catalunya -en las que el PSOE se quedó a solo 57.000 votos de ERC- sin dejar desprotegido frente a la derecha en el resto del Estado el flanco de las acusaciones por una supuesta connivencia con el independentismo, lo que explicaría el sacrificio de Iceta primero y las designaciones de Batet y Cruz a continuación. Además, la virtualidad de lo que se considera un gesto, como ya ocurriera con el famoso talante de Zapatero, se deberá comprobar en la práctica parlamentaria bajo las presidencias de Batet y Cruz y, en el caso de la primera, en el efecto en las políticas de Estado respecto a Catalunya y Euskadi de su marcha del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que asumirá de momento Luis Planas. No en vano Batet fue la primera interlocutora del anterior Gobierno Sánchez con la Generalitat de Torra y asimismo la encargada última de negociar con el Gobierno vasco el cumplimiento de las transferencias a Euskadi acordadas la legislatura anterior y todavía pendientes de traspaso. Así pues, sin obviar el contraste, evidente, que presentan las trayectorias y personalidades de la todavía ministra y del filósofo Cruz respecto a anteriores presidentes socialistas (Bono, Marín, López...) de las Cortes, su designación no se puede tomar como indicio para aventurar, mucho menos para comenzar a calificar, las pretensiones de Pedro Sánchez no ya en el conflicto abierto con Catalunya y su deriva judicial sino respecto a la plasmación política de la realidad plurinacional del Estado, pendiente desde la transición. Eso no podrá empezar a analizarse hasta que, superada la convocatoria del 26-M, Sánchez proceda a negociar su investidura y plantee los ejes y objetivos de la legislatura.