LA opción, cada vez más factible, de que Theresa May someta el jueves por tercera vez a votación en los Comunes el acuerdo con la Comisión Europea sobre el Brexit que ha sido derrotado en dicha Cámara en dos ocasiones -por 229 votos (431 en contra y 202 a favor) el 15 de enero y por 149 votos (391 frente a 242) el 12 de marzo- retrata el enrevesado proceder de la primera ministra con tal de aferrarse al 10 de Downing Street y sitúa al gobierno conservador que preside frente el espejo de su propia incongruencia. Pese a la división social y la evidencia de que el proceso del Brexit no ha reunido en cuanto al necesario conocimiento por el electorado de sus formas y consecuencias las premisas garantistas necesarias, May y la mayoría de los tories han rechazado reiteradamente la posibilidad de convocar un segundo referéndum con el argumento del principio democrático y el respeto escrupuloso a la decisión que los votantes británicos adoptaron el 23 de junio de 2016 en aquel referéndum convocado por David Cameron. Sin embargo y por el contrario, la premier no parece tener reparo en obviar las dos votaciones parlamentarias anteriores, en las que los Comunes sí han contado con toda la información que han exigido respecto a las negociaciones y el acuerdo con la Comisión, para en su caso volver a presentar este a votación sin haber obtenido de la UE condiciones diferentes a las ya rechazadas en el Parlamento. Y lo haría a través del único argumento-con el que trata de realinear a los unionistas del DUP respecto al backstop irlandés y doblar la resistencia de los brexiters conservadores- de que sin ese acuerdo la salida de Gran Bretaña de la UE podría no llegar a consumarse. Más aún, May se resiste a volver a consultar a los británicos sobre la salida de la Unión Europea cuando aquel referéndum de 2016 se decidió con el 51,9% de los votos a favor del Brexit y el 48,1% en contra (menos de 4 puntos de diferencia) pero estaría dispuesta a someter a votación esta semana la revisión de una doble decisión de la Cámara de los Comunes, cuyos representantes son elegidos por los electores británicos en el sistema de circunscripción directa, adoptada con el 66,3% de los votos frente al 31% (35 puntos de diferencia) en la primera ocasión y con el 60% frente al 37% (23 puntos de diferencia) en la segunda.
