En medio del profundo agujero generado por la crisis, los llamados agentes sociales (patronal y sindicatos) han vuelto a protagonizar un grotesco desencuentro en el camino emprendido hace meses para reformar la negociación colectiva. Triste, lamentable y preocupante final el que dejan los que se atribuyen la representación de los trabajadores y quienes dicen crear empleo. Ambas partes coincidían en calificar de muy importante esta reforma y ahora se acusan mutuamente de falta de valentía. Incomprensible semejante ejercicio de insensatez sólo puede merecer el mayor de los rechazos por parte de quienes a día de hoy han perdido su trabajo o temen perderlo. Sin olvidar a los miles de empresarios que miran el futuro con incertidumbre.

Después de meses de conversaciones y de plantear "fechas tope" que se han ido ampliando desde La Moncloa para evitar un mayor castigo electoral en el pasado 22-M, ahora le toca al Gobierno de Zapatero legislar y lo hará esta misma semana en el transcurso del Consejo de ministros del viernes día 10. Dicen que la resolución final pasa por poner negro sobre blanco un delicado equilibrio tomando como punto de partida los puntos en los que más se aproximaron ambas partes. Pero, en realidad, poco importa las condiciones finales de esta reforma porque, en cualquier caso, permanecerá el desencuentro de las partes así como las mutuas acusaciones entre unos y otros, patronal y sindicatos, que manifestarán públicamente su disgusto, aumentarán la distancia que les separa e incluso los segundos no descartan movilizaciones en la calle.

Pero, toda esta parafernalia mediática vivida y las últimas semanas y la que nos espera en los próximos días... ¿para qué? O, dicho con otras palabras? ¿Dónde queda la responsabilidad de estos agentes sociales ante una reforma "urgentísima y necesaria" según la consideraban ambas partes?

Verán. En un escenario como el que actualmente proyecta la economía española, caótico por las graves carencias estructurales y dramático por los cierres de empresas que no pueden acceder a los créditos, junto ay la destrucción de millones de empleos (la mayoría jóvenes), es absolutamente exigible que los agentes sociales negocien hasta la extenuación y que lo hagan con la mejor voluntad posible de alcanzar un acuerdo antes de que lo tenga que hacer un Gobierno que tiene los días contados. Un acuerdo que, aunque no hubiera sido plenamente satisfactorio, al menos permitiría ganar cierta credibilidad en los mercados internacionales y desenredar el nudo gordiano de un tejido empresarial paralizado y un mercado laboral que hace aguas por todas partes.

Pero toda esperanza de acuerdo se ha ido por el desagüe, pese a que el pasado 12 de mayo, en plena campaña electoral, las partes negociadoras, especialmente los sindicatos comunicaban a Zapatero que estaban a punto de cerrar un acuerdo y que, en cualquier caso, la firma del mismo se produciría en ese mismo mes. Después, el resultado de las elecciones parece que ha propiciado un endurecimiento de la postura patronal, presionada por la CEPYME.

Y ahí reside el gran problema de la economía española, sujeta y manipulada por intereses políticos y partidistas. Por un lado está el Gobierno de Zapatero, maniatado por los dictados de la UE y por las querencias del sistema financiero. Por otro lado, están los empresarios, pendientes de que los banqueros habrán la espita de regula y entorpece la concesión de créditos. Por último, están los sindicatos con escaso margen de maniobra y una evidente falta de liderazgo social. Entre todos han hecho posible un fracaso negociador tan insensato como grotesco.

No está de más recordar que la negociación colectiva es el eje de vertebración del tejido social, entendido éste por las relaciones entre los sindicatos y los empresarios. Es también la función primordial de los primeros en la defensa de los intereses de los trabajadores. Por tanto, la reforma de este proceso negociador, tras el inmovilismo de 30 años, se ha entendido como el punto de inflexión del complicado proceso de cambios estructurales que necesita el mercado laboral y la economía española para marcar pautas que permitan encarar el futuro con algo de optimismo.

La falta de acuerdo entre los agentes sociales es un fracaso mayúsculo y pone de manifiesto la escasa, por no decir nula, voluntad de llegar a un consenso para que todos se beneficien o, en el peor de los casos, para que los recortes sean mínimos y puedan ser aceptados como un mal menor. El gran valor de la democracia reside en el diálogo y el pacto. Pero los intereses políticos, partidistas y económicos han prevalecido sobre las necesidades sociales de la economía en general y la clase trabajadora en particular que se empobrecen día a día, mientras unos pocos se enriquecen hora a hora. La credibilidad de ambos ha quedado por los suelos.

He aquí la conclusión más decepcionante de una brutal crisis que, como dice un buen amigo (I.Tx.) se asemeja a un entierro donde cuatro (se) llevan la caja y los demás vamos detrás llorando.