De la misma forma que el agua de la lluvia va empapando el sustrato sobre el que se precipita, en la sociedad está calando la idea de que el deficiente funcionamiento de los servicios públicos se debe al abuso que los inmigrantes hacen de los mismos, colapsándolos hasta el punto de que la población autóctona se torna en víctima al recibir un servicio de tan ínfima calidad. Se trata de un discurso cuyo origen se enraíza en una actitud aporofóbica y de rechazo al pobre, pues no se dirige a aquellos inmigrantes cómodamente situados, sino a los de renta económica más baja y vulnerables: a los pobres de solemnidad. Es un alegato que, en muchos casos, surge en quienes han sido elegidos para gestionar lo público; sin embargo, la ineficacia de su tarea o el deseo de agradar a la empresa privada con el erario público, en vez de invertirlo con eficiencia en el bienestar ciudadano, les ha conducido a un fracaso de difícil reversibilidad en su cometido, por lo que usan al pobre como escudo de protección ante la crítica y la protesta. No deja de ser una forma nada elegante y torticera de tapar sus vergüenzas y tropelías, En la mayor parte de casos, las voces que culpabilizan al paria de aquello sobre lo que tiene mínima o nula responsabilidad son las mismas que proclaman el concepto de prioridad nacional, en un indudable ejercicio de desprecio y humillación hacia miles de personas. Entiendo que antes de aplicar, o incluso mencionar, semejante medida discriminatoria y sectaria deberían ser revisadas rigurosamente las políticas de gestión de los servicios y ayudas públicas, así como el destino de los millones de euros aportados por los ciudadanos a la caja de todos, de lo contrario, cualquier acusación o medida adoptada se sustentarán en el prejuicio hacia el pobre.
