Con estos términos, deuda e histórica (entre otras calificaciones), se refirió la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, al presentar la nueva y flamante Ley de Ciencia, que viene a reformar la hasta ahora vigente del año 2011 y que pretende corregir y subsanar las grandes carencias y desigualdades a las que se enfrenta la comunidad científica del Estado español, que viene pidiendo desde tiempos casi inmemoriales un futuro digno, para desarrollar sus proyectos con un cierto grado de esperanza y hasta sosiego. Así y visto sobre el papel, todas las innovaciones que nos propone suenan muy bien, o por lo menos tratan de equipararnos al resto de países europeos, líderes en I+D. A saber, nos prometen: una lluvia de millones, de fondos europeos (bienvenidos sean) que permitirá evitar entre otra cosas, la fuga de cerebros o la brecha de género, permitirá asimismo nuevos contratos indefinidos y mejorar la situación de los contratos predoctorales y posdoctorales. El sistema sanitario verá incrementado su personal investigador y reducir gran parte de la burocracia y papeleo, que ahora mismo impiden las ayudas y subvenciones. Esto es, a grandes rasgos, con lo que se pretende saldar -vuelvo a recordar las palabras de la ministra (que haré también un poco mías)- una deuda histórica y aunque seguro igual se queda corta y con muchos aspectos que resolver, será un comienzo espero prometedor, recordando que un país sin ciencia es un país sin futuro.
