El tan traído y llevado Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una constitución, que es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de esta. Está comprobado que, de un tiempo a esta parte, los ciudadanos de a pie estamos sufriendo rebajas democráticas de todo tipo, en la economía, en la libertad y en un sinfín de derechos que como ciudadanos nos pertenecen. Los anuncios oficiales del Gobierno de España que llegan conjuntamente con la propaganda y las propuestas de acciones políticas que se van a llevar a cabo, incluso estando en minoría en el Parlamento Español, nos avisan de novedades en la seguridad ciudadana, el derecho a la huelga, la reforma laboral y la política de fuertes restricciones al gasto. Nos avisan escrupulosamente de que el famoso Estado de derecho con el que se les llena la boca a los políticos constitucionalistas está de rebajas y casi se puede ofertar a saldos. Cada semana amanecemos con más de lo mismo, noticias oficiales que amplían aún más el alejamiento entre los políticos de turno y el pueblo liso y llano. Estamos abocados a originar nuevas clases sociales: los pobres, los desahuciados, los desheredados de la sociedad, los trabajadores a sueldo y la clase política que representa en su soberanía nacional a las tres clases anteriores. Estos brindan sus sueldos, dietas y aquellas retribuciones que ostentan y dicen que les corresponden. Algunos a los que no les llega para todo el boato necesario reciben sueldos en sobre. Vistas así las cosas, ¿qué nos queda por hacer, qué estrategia social podemos desarrollar? ¿Se nos va a multar por gritar, por exponer nuestros problemas, por manifestarnos, por hacer huelgas? En fin, esta merma de nuestras libertades cívicas solo nos lleva a decir “que el agua moja “y la “verdad escalda”.
