EL espectacular incremento de la inflación, con una subida histórica del encarecimiento de productos básicos que forman parte de la cesta de la compra, tal y como reveló ayer el informe de la OCU, desconocida en más de tres décadas, ha espoleado una batalla fiscal que no es nueva en determinadas comunidades autónomas del régimen común pero que está cogiendo una dimensión inusitada con aroma claramente electoralista. Por una parte, las “bajadas de impuestos” –medidas, en realidad, destinadas a captar a las rentas más altas– planteadas en Madrid, Andalucía y Galicia, tres comunidades gobernadas por el PP, parecen dirigidas más a desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez de cara a los comicios de mayo que a ofrecer resultados reales. En este aspecto, la desorientación de los populares parece evidente, con propuestas como la lanzada por Alberto Núñez Feijóo de exigir rebajas en el IVA de los alimentos básicos, que Bruselas no termina de ver con buenos ojos. A estas rebajas se ha unido, de forma sorpresiva, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, el socialista Ximo Puig –que gobierna con el apoyo de Compromís y Unides Podem–, anunció ayer también una reducción del IRPF para las rentas inferiores a los 60.000 euros, una medida que rechazaba hasta no hace mucho tiempo. A esta batalla de impuestos supuestamente de derechas o de izquierdas contribuye, además, el propio Gobierno español, que prepara un “paquete de medidas fiscales” que presentará mañana con el que previsiblemente impulsará subidas selectivas de impuestos con el objetivo de paliar “de raíz” el problema de la inflación. Es obvio que la política fiscal puede y debe servir para hacer frente a un grave problema que está impactando de forma directa en las economías de la ciudadanía. Pero no puede diseñarse de manera improvisada y mirando al calendario electoral, sino a las necesidades reales de las familias y las empresas. Las administraciones públicas necesitan ingresos, máxime en un contexto en el que deben afrontar las dificultades de la crisis y articular medidas de ayudas a los sectores sociales más vulnerables. El equilibrio entre la merma de ingresos por rebajas de impuestos y la atención a estas necesidades debe garantizar la sostenibilidad del sistema, más allá de la propaganda ideológica de una u otra medida.