QUE el Estado español tiene un problema con el envejecimiento del parque automovilístico no es nuevo. Desde hace años estamos a la cola de Europa en términos de renovación de vehículos, lo que resulta negativo tanto para el medio ambiente como para la siniestralidad en las carreteras. A pesar de los numerosos planes de incentivo que se han puesto en marcha desde las instituciones a la compra de vehículos, el problema persiste.
Los principales causantes de la contaminación de las ciudades son los vehículos viejos de más de 10 años. Son los que más contribuyen a elevar los niveles de polución y además son menos seguros. Ciudades como Barcelona son conscientes del problema de contaminación tan grave que supone la circulación de coches antiguos, y recientemente el Ayuntamiento ha anunciado que restringirá el tráfico de la ciudad a los vehículos más contaminantes en 2020. En total, unos 50.000 vehículos entre coches, motos y furgonetas se verán afectados, lo que supone un 7% del parque circulante. Esto significa que perjudicará a todos los vehículos que no tengan etiqueta de la DGT, que son los más contaminantes o antiguos. Todo ello con la esperanza de reducir la contaminación de la ciudad en al menos un 15%.
A raíz de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, medidas como el impuesto al diésel y la prohibición de los coches con este combustible a partir de 2040 no se van a llevar a cabo de momento. Pero si queremos alcanzar una movilidad sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, hay que transitar por toda esta serie de medidas. En el Estado hay un parque de vehículos de unos 33 millones de coches circulando que no se pueden cambiar de inmediato a eléctricos.
La incorporación de planes renove como el que ha puesto en marcha el Gobierno vasco quiere ayudar a eliminar de la circulación a los vehículos de más de 10 años, con independencia del combustible. En este sentido, hay diferencias respecto al plan del Gobierno central. Teniendo en cuenta que la edad media del parque es de 12 años y medio, es necesario llevar a cabo un plan de achatarramiento con el objetivo de incentivar y no penalizar a los consumidores.
Si centramos los esfuerzos en incentivar la compra de vehículos eléctricos únicamente, solo favoreceremos a los que pueden adquirir este tipo de coches. Por tanto, también es necesario estimular la compra de vehículos de ocasión jóvenes, que contaminan menos y son más seguros. Cada vez más, se han incorporado a este tipo de oferta coches procedentes de renting y leasing que hasta ahora alargaban sus contratos, pero ahora son más cortos y permiten incorporar al mercado automóviles de menos de 3 años.
La prórroga del gobierno ha hecho que la tendencia cambie ya que a día de hoy existe una mayor oferta de vehículo diésel (hasta un 70% de los coches ofertados son de este tipo) que hace un año. Por ello, no es necesario demonizar este combustible ya que para aquellos que realizan muchos kilómetros al año sigue siendo la mejor opción. Además, a partir de la puesta en marcha de la normativa WLTP, los diésel contaminan mucho menos que los coches de gasolina nuevos.
A la hora de tomar y comunicar estas medidas es necesario tener claro el mensaje, ya que los últimos tiempos han supuesto un quebradero de cabeza para los usuarios que no sabían qué coches comprar debido al temor a tener problemas a corto plazo. Sin embargo, lo cierto es que, en cuanto a vehículo de ocasión, se sigue vendiendo más diésel que gasolina mientras que, en vehículo nuevo, es al revés: el año pasado se vendieron 1.300.000 vehículos nuevos, de los que el 32% fueron diésel. Porque en caso de que se vuelvan a reactivar las propuestas para acabar con los coches diésel en 2040, para entonces la mayoría de los conductores habrá cambiado de coche una o dos veces... por suerte.
